Se trata del decreto 1439, que fue firmado por el ex gobernador Oscar Castillo en 2003. Este documento les permite a los ex funcionarios del Frente Cívico, sin importar el tenor de éstos, reclamar cargos jerárquicos en los organismos al gobierno de Lucía Corpacci.
Y como no podía ser de otra manera, fue uno de los funcionarios del ex gobernador Brizuela del Moral el que sacó a la luz este decreto que ya estaba prácticamente amarillo. Fue el ex ministro de Salud, Mario Marcolli, quien trajo a la memoria que los ex funcionarios pueden ocupar cargos similares a los que se venían desempeñando.
Por este motivo, Marcolli sostuvo que gracias a este decreto fue que regresó al Hospital de Niños como jefe. “Es lo más alto del escalafón, aunque no llega a ser un cargo jerárquico”, osó en decir el ex funcionario frentista.
Pero la arremetida no terminaría en Marcolli, sino que existen otros ex funcionarios que se ampararían en lo mismo que el ex ministro de Salud, para lograr ocupar cargos superiores a los que fueron despojados tras la derrota electoral del Frente Cívico.
El polémico decreto detalla en su artículo primero que se debe tener como “cumplido, respecto a los agentes incluidos en los regímenes escalafonarios de la Administración Pública Provincial, que hayan sido convocados por las máximas autoridades en el ámbito nacional, provincial y/o municipal, para cumplir funciones de carácter político y/o de nivel extraescalafonario, a partir de su convocatoria y mientras dure el desempeño de tales tareas, los requisitos de capacitación y evaluación con la máxima calificación, que para el caso prevén los respectivos estatutos y/o regímenes escalafonarios vigentes en cada ámbito, según corresponda”.
En el artículo 2 establece el reconocimiento, con carácter de excepción, que “los períodos en que los agentes son convocados les serán computados a los efectos de establecer su antigüedad en la administración”.
En tanto, en su artículo 3 determina que “a partir del primer mes siguiente a la fecha en que retomaron el ejercicio de sus respectivos cargos, quedan habilitados a las promociones de grado que les corresponda”.
Ante esta situación, los diputados del oficialismo se encuentran analizando la derogación de este documento al cual lo calificaron de “injusto”. Al respecto, remarcan que es “injusto” debido a que aquellos trabajadores que “en el mismo tiempo tuvieron que capacitarse, realizar concursos, y sin los beneficios de un cargo político”.