Los tres integrantes de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, José Cáceres y Raúl Cippitelli, todos relacionados políticamente con la anterior gestión del FCS, compartieron el dictamen del procurador Enrique Lilljedahl, quien sentenció que era admisible el planteo de los senadores radicales, que consideraron que el Ejecutivo se “entrometió” sobre el Legislativo, al confirmar como fiscal a Denett, cuando ellos lo habían rechazado.
Ahora, con la apertura del conflicto de poderes, la Corte notificó ayer pasado el mediodía al Gobierno y puso un plazo de tres días hábiles para que presente el informe sobre lo actuado en el nombramiento.
En ese sentido, fuentes del Gobierno indicaron que esperaban que el máximo tribunal tome una medida de estas características, por lo que desde el momento en que se conoció la presentación de los senadores trabajaron en la defensa.
Indicaron que cuentan con 70% del escrito, en el cual detallan en forma acabada la situación que motivó la designación de Denett por decreto.
En el texto, recalcan los argumentos esgrimidos en el dictamen del decreto, fundamentalmente que los plazos para el acuerdo de Denett no fueron cumplidos por la Cámara alta. Pero además cuentan con el asesoramiento de prestigiosos constitucionalistas de la provincia de Córdoba y Buenos Aires.
El martes, y hasta las dos primeras horas del miércoles, deben presentar el informe, y se especula que la Corte se tomará un tiempo para dictaminar sobre la legalidad o no del nombramiento del fiscal Denett.