Según la denuncia, la obra energética fue certificada casi en su totalidad, aunque registró un avance que no llegó al 65%. Y después se pagó un monto adicional a otra empresa, a pesar de lo cual los trabajos nunca continuaron. La presentación sería ampliada conforme a los nuevos elementos que serán aportados por los ministerios de Obras y de Servicios Público, y que complicarían a ex funcionarios brizuelistas.
Los abogados solicitaron a los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales “el inmediato inicio de la investigación penal preparatoria a los efectos de determinar la responsabilidad de los autores, coautores y cómplices del hecho”.
Las denuncias se basan en el presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público; fraude en contra de la Administración Pública y posible asociación ilícita”.
En ese sentido, señalan que mediante nota dirigida al fiscal de Estado, Marcos Denett, el ministro de Servicios Públicos, Julio Molina, puso en conocimiento las irregularidades en la obra LMT 33 KV Ampajango – Santa María, “obra que llevaron su trámite administrativo en los expedientes Letra “S” Nº 17314/2006 y Expte. Letra “D” Nº 6651/2011”. El primero se refiere a la contratista Almacor y en el segundo a la contratista Maker’s Construcciones, de Walter Feltrín, “por lo que en atención a lo normado por el Art. 316 del Código de Procedimiento Penal, se procede a formular denuncia obligatoria ante la Unidad Fiscal Especial”.
En esa línea, los abogados detallan las irregularidades encontradas en la obra en cuestión.
“El inicio de la obra se realiza en junio de 2008. La obra al momento de su rescisión se había certificado en un 95 por ciento y el real avance de los trabajos no llega al 65 por ciento. En octubre de 2010, se efectúa el acta de rescisión de la obra, sin elementos que justifiquen dicha resolución”, señala.
Después agregaron: “La obra queda inconclusa en un 35 por ciento. Posteriormente se realiza una contratación a la Empresa Maker’s Construcciones y Servicios, a efectos de que termine los trabajos, sin especificar detalles, cantidades, ni cualquier otro tipo de especificación”.
Por parte, expresan que “el monto contratado con dicha empresa es de $750.000, a la cual se le pagó un anticipo financiero del 50 % ($350.000). Por este contrato, el avance de la obra a la fecha es del 0 por ciento. El monto actual de la obra para finalizar los trabajos es de $5.439.459,07”.
Sobre lo expuesto, los abogados detallan que “a todas luces se evidencian no sólo irregularidades administrativas, sino también hechos que tipificarían prima facie en conductas delictivas, consistentes éstas en: incumplimiento de los deberes de funcionario público; fraude en contra de la Administración Pública y posible asociación ilícita, todo ello en concurso de delictivo” (sic).
En ese sentido, manifiestan que “estarían implicados altos funcionarios del Poder Ejecutivo, en clara connivencia con personas ajenas a la Administración, en el grado de autores y partícipes necesarios, habiendo producido con tal obrar delictivo un claro perjuicio al patrimonio de la provincia de Catamarca”.
También afirmaron que hubo un “directo menoscabo a todos los pobladores del Oeste, al no poder contar los mismos con tan importante emprendimiento destinado a fortalecer el servicio público de energía eléctrica”.