Uno de los objetivos del proyecto presentado por Oscar Castillo, junto a tres senadores radicales y a Norma Morandini, del FAP, es “formular un análisis completo y detallado de todos los aspectos relativos al cálculo de recursos de gastos de la Administración Pública Nacional, así como de su ejecución, ampliando el uso de los sistemas de monitoreo y evaluación”.
Los senadores radicales Laura Montero, Ernesto Sanz y Eugenio “Nito” Artaza, junto con Norma Morandini, del Frente Amplio Progresista (FAP), y Oscar A. Castillo, presentaron un proyecto de ley en la Cámara alta para crear la “Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación” (OPCN), como “un organismo desconcentrado” del Parlamento.
La OPCN tendrá como objetivos “formular un análisis completo y detallado de todos los aspectos relativos al cálculo de recursos y presupuesto de gastos de la Administración Pública Nacional, así como de su ejecución, ampliando el uso de los sistemas de monitoreo y evaluación”, y “migrar las metodologías de presupuesto inercial a uno por resultados mejorando la gestión de las finanzas públicas”, entre otros.
En su tercer artículo, el proyecto deja en claro que “el Poder Ejecutivo dirigirá a la OPCN copia autenticada de todas las decisiones administrativas de distribución de gastos, los informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria contemplada en el artículo 2 de la ley 24.629 y evacuará todos los informes, ya sean escritos u orales, que ésta le solicitare en el menor plazo posible, y mantendrá actualizada permanentemente la información de los sistemas previstos por la ley de administración financiera, y en particular de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía”.
La OPCN sería conducida “por un Director General y un Director General Adjunto, con rango equivalente a Secretario y Prosecretario de Cámara, respectivamente”, y se detalla: “Los directores durarán 5 (cinco) años en sus funciones, siempre que observen buena conducta y mantengan un desempeño eficaz, y podrán ser reelegidos. Deberá tratarse de personas con títulos universitarios de grado o postgrado, y con antecedentes relevantes en finanzas públicas, auditoría, derecho presupuestario, administración financiera, contabilidad, administración pública, derecho público y administrativo, ciencia de la legislación, o afines”.
En los fundamentos, los senadores aseguran que “el Congreso debería cumplir un rol clave en la definición de las grandes prioridades de gasto, sin embargo, en la práctica se aprueba casi a libro cerrado el proyecto que año a año ha enviado por el Poder Ejecutivo o a lo sumo se incorporan nuevos fondos para temas específicos para una u otra zona del país”, y agregan: “El debate y posterior aprobación del Presupuesto, por parte del Congreso de la Nación, es uno de los trabajos ineludibles del cuerpo que exigen un análisis y estudio tanto de los ingresos como de los gastos incluidos anualmente en las proyecciones realizadas”.