Desde el lunes pasado, dejó de tener efecto el decreto correspondiente a los beneficios fiscales para la radicación de industrias en las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca.
Ante a la posibilidad de que el punto final para el régimen golpee directamente a la actividad industrial de las cuatro provincias, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, entidades gremiales y empresariales advirtieron días atrás que podrían quedar en peligro unos 100 mil empleos, entre directos e indirectos.
Una de las primeras reacciones entre los mandatarios fue la de Lucía Corpacci, quien semanas antes de la fecha final confirmó que habrá algún tipo de asistencia financiera para las industrias de su provincia que dejarán de percibir las exenciones de impuestos a fin de proteger el empleo. El compromiso de Corpacci se plasmó ante autoridades de la Unión Industrial de esa provincia.
Sentimos la vocación de paliar aunque sea en parte los costos de localizar industrias en provincias como las nuestras, tan lejos del puerto, pues es más fácil estar cerca de donde están los centros de comercialización, señaló Corpacci y agregó que si bien algunas empresas industriales terminaron con el régimen mucho tiempo antes del 31 pasado, siguen trabajando en Catamarca.
Pero a pesar de la llegada del fin del régimen, resta definirse el pedido que los gobernadores de San Luis, Claudio Poggi, y de La Rioja, Luis Beder Herrera, hicieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de una prórroga de tiempo en el proceso de conciliación que mantienen esas dos provincias y la de San Juan con el gobierno nacional, en las causas vinculadas a la re expresión de los bonos fiscales de la promoción industrial.