En nuestra provincia está pasando algo tan curioso como peligroso. Personas carenciadas usurpan viviendas construidas por el IPV y se niega a abandonarlas, a pesar del otorgamiento oficial de terrenos y la promesa de ayuda para avanzar en la construcción de sus propias viviendas; pero se niegan.
El techo propio es ciertamente una utopía para la mayoría de las personas que viven de su trabajo o apenas subsisten gracias a las changas o a los planes sociales. Pero eso no alcanza para justificar el accionar de estas personas que usurparon las viviendas del Instituto Provincial de la Viviendas.
Esas viviendas, aunque no estén todavía adjudicadas, tienen dueño, son los miles de personas que también necesitan una vivienda y que cumplimentaron los requisitos establecidos para acceder a las mismas. Son miles las personas en esta condición, que esperan.
“Donde hay una necesidad hay un derecho” decía Eva Perón, pero así como está el derecho de las personas carenciadas a acceder a una vivienda, está también el derecho de los que esperan pacientemente, por años, inscriptos en el IPV.
Por eso, más que justicia social por mano propia, esa idea que se aplica en otras cuestiones, pero que a la vez se rechaza, también puede aplicar en esta cuestión y también debe rechazársela como concepto, porque rápidamente surge lo peligroso que sería que todos hiciéramos justicia por mano propia; aunque sea justicia social.