La autoridad judicial ordenó la inmediata detención de los sujetos, lo que causó algo de tranquilidad en la población, pero enorme fue la sorpresa, rayana con la indignación, cuando tomó estado público que los delincuentes habían sido liberados y que transitaban por las calles de la ciudad, muertos de risa, como santos inocentes y como si no le debieran nada a nadie.
La esposa del agredido se quejó públicamente ante esta situación de que tan incomprensible e ilógica, escapó al entendimiento comunitario. En realidad, fuentes judiciales aseguraron que la magistrada actuó de acuerdo a los mandatos del Código de Procedimientos, cuestión que a la gente común, que vive en permanente estado de indefensión no le interesa, al menos que esos sujetos, y otros varios, deambulen por la ciudad, como una permanente amenaza de agresión, violación de la propiedad y otras linduras más.
Si lo que aseguran los magistrados es que “actúan de acuerdo de derecho” es verdad, consideramos que va siendo hora de que los legisladores abandonen las internas partidarias y las estadías de placer y se pongan a trabajar en la actualización de las leyes que reprimen actos como el que relatamos y que tanta indignación genera en el seno comunitario.