El proyecto de ley que castiga a los oficiales de fuerzas de seguridad que “abandonen injustificadamente” su servicio establece penas de hasta 12.500 pesos e inhabilitación de hasta ocho años.
La iniciativa incluída en el temario de sesiones extraordinarias fue presentada el miércoles pasado por el senador nacional Aníbal Fernández (FpV-Buenos Aires), en medio del conflicto social desatado por las protestas policiales y los saqueos a comercios de distintos puntos del país.
En concreto el proyecto modifica el artículo 252 del Código Penal, el cual dirá: “será reprimido con multa de 750 pesos 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”.
Asimismo establece que el oficial “que a sabiendas abandone injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omita la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena”.
La medida refiere a los miembros de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de una “agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas”.
“Si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”, agrega el proyecto del legislador kirchnerista.
Penas para militares
Fernández también contempló el caso de las Fuerzas Armadas, al establecer que “el militar que abandone su servicio, su destino o que deserte en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno a seis años”.
Y de manera similar al caso de las fuerzas de seguridad, indica que “si como consecuencia de su conducta resulta la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a 12 años”.
“En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave”, determina el proyecto.