En otro de los puntos del articulado se solicita al director de OSEP informe sobre los motivos que determinaron la morosidad en el pago de las prestaciones médicas brindadas a los afiliados y rendidas en tiempo y forma por los responsables de la gestión de su cobro y si el Poder Ejecutivo gira en tiempo y forma los montos retenidos a los agentes públicos en carácter de aportes y contribuciones a la obra social.
Según fundamenta el proyecto las medidas de fuerza de las prestadoras anunciadas a los medios de comunicación “perjudicarían notablemente, por un lado, la calidad de vida y el derecho a la salud de los más de 165.000 afiliados que tiene la Obra Social de los Empleados Públicos de la Provincia entre afiliados directos, indirectos y voluntarios; y, por otro lado, castiga una vez más a los trabajadores de la salud, a los profesionales médicos de todas las especialidades que perciben los emolumentos relacionados con las prestaciones brindadas a los afilados de OSEP a través de las gestiones de cobro que llevan adelante los colegios profesionales que los nuclean, o el Círculo Médico de la provincia, entre otras entidades”.