Si bien la clausura fue levantada, se le dio a la intendenta Blanca Reyna, un plazo razonable para que cumpla con las situaciones detectadas y que van en contra de la normativa vigente.
El ministro consideró que no correspondía la clausura del municipio como primera medida, sino otorgarle a la intendencia un tiempo prudencial para que cumpla con la normalización de las irregularidades encontradas.
En tal sentido, se suspendió el acta labrada luego de la inspección llevada a cabo por Castellanos y su equipo, y si firmó otro documento en el que conceden a la municipalidad plazos perentorios para corregir las situaciones detectadas.
Como se informó durante la mañana de ayer, desde el municipio se dijo que la clausura ordenada por Castellanos y dada a conocer a través de declaraciones radiales no fue tal, ya que ayer las instalaciones de la intendencia funcionaron normalmente. Es más, se afirmó que una clausura del edificio no es tarea ni competencia de la Dirección de Inspección Laboral, por lo que no se descartó la presentación de una denuncia por abuso de autoridad en contra de Castellanos.