Realmente sorprende lo que logra este periodista todo terreno que viene de asesorar al ex ministro Juan Acuña en el gobierno radical, pero que ahora cobra un suculento punto índice como asesor de Oscar Pfeifer en el Ministerio de Desarrollo Social, aunque a ciencia cierta no se sabe cuándo ni dónde presta servicio).
Desde su programa de radio, que va de 13 a 14, esta semana atacó a la gestión del gobierno kirchnerista por el último aumento de la tarifa eléctrica, que en definitiva fue solo un traslado dispuesto por CAMESSA, al ministro Gordillo al relacionarlo malintencionadamente con cuestionables directivas que le corresponden a la Justicia provincial y al resaltar la mala relación con los gremios educativos.
Sobre el aumento de la tarifa eléctrica no quiso aceptar el argumento de que el último incremento coincidió con los meses de consumo pico de la población, consumo determinado por las altas temperaturas de los meses de diciembre y enero pasados, que es lo que se está cobrando. A ese periodo de consumos picos hay que sumarle que los aumentos dispuestos por CAMESSA son progresivos al consumo; cuanto más alto son los consumos, mayor es el aumento.
Pero ninguna explicación logro convencer al asesor oficialista devenido en periodista opositor.
Ayer, en el mismo horario, entrevisto al secretario General de la Gobernación, Edgardo Macedo, para consultarlo sobre la veracidad de la renuncia del ministro Francisco Gordillo. Según explico el periodista, la consulta obedecía a la ola de rumores de la mañana, que dijo, coincidía con las últimas novedades judiciales, relacionadas con el inesperado resultado de la investigación por la muerte de Susana Aguilar.
Según la tesis del asesor oficialista devenido en periodista opositor Gordillo era responsable de lo que todo el mundo desde ayer cuestiona a la Justicia provincial, la detención de un ciudadano inocente, acusado de un crimen que cometió otra persona. Una “barrabasada” como le gusta decir a él mismo.
Luego entrevistó a la sindicalista docente Nilda Escotorin para infectar aún más la herida del Gobierno kirchnerista del momento. Un oficialista hecho y derecho debería abrirle el micrófono a Ariza o alguien del Ministerio de Hacienda, para que explique la posición del oficialismo; no a una sindicalista para que critique un aumento por decreto o el tratamiento que está teniendo el proyecto de Ley de Educación presentado por el Gobierno K.