La confesión inesperada de Damián Matías Cano, de haber matado tanto a Susana Aguilar como a María Eugenia Rojas, produjo un efecto contrario al que podría esperarse en los despachos de la sospechada Justicia local: el esclarecimiento gatilló una comprensible indignación en una ciudadanía agobiada por la inseguridad y la sensación de que indefensión.
Ese agobio por los sucesivos hechos delictivos de todo calibre, que son mal investigados, y por ende, rara vez esclarecidos, por funcionarios judiciales cuestionados pero sostenidos por la conducción de la Corte de Justicia, exploto al constatarse que se mantuvo a una persona inocente (Mauro Orce) encarcelado injustamente.
La responsable última de esa obvia constatación de la ciudadanía es la Corte de Justicia designada íntegramente por el FCS, fuerza política que recurre a esos jueces para acelerar o frenar causas, según convenga políticamente o según la filiación del investigado.
Es la misma Justicia que desde 1991 puede condenar a inocentes, el ejemplo de este muchacho Orce es solo un caso más, o liberar o aminorar la responsabilidad de culpables; para eso sirve de ejemplo la causa en la que se investigó la muerte de dos jóvenes a manos de un conductor ebrio hijo de un senador del FCS, que huyó de la escena del crimen pero que igual consiguió una sentencia leve.
Es la misma Justica que en su momento sacó de la contienda electoral a un candidato opositor en el año 2003, porque le ganaba la elección de gobernador al candidato del FCS; la misma a la recurre el FCS ahora para cuestionar y frenar medidas que toma el Gobierno kirchnerista, tanto puede ser la designación de un Fiscal de Estado o la declaración de inconstitucionalidad de un decreto regulatorio del uso de regalías mineras.
Esa es la justicia sospechada, que ayer tuvo un pésimo día político, porque quedo en evidencia como se mueve y cuáles son los resultados que logra.
Pero seguramente la indignación lógica de la ciudadanía no debe haber preocupado tanto en los despachos de los palacios judiciales como es una derivación estrictamente política de un mal día: la continuidad del ministro Francisco Gordillo.
Es que muchos relacionaban la partida de Gordillo con la amenaza flagrante del FCS de hacer hablar al único detenido por la incautación de varios kilogramos de droga en un puesto policial, una persona de apellido Tello, ahora asesorado por Carlos Rosales Vera, ex Fiscal de Estado del gobierno de Oscar Castillo y actual funcionario del FCS en la Legislatura provincial.
Con una Justicia totalmente deslegitimada, no hay porque temer a los operativos políticos orquestados por dirigentes radicales y avalados judicialmente por fiscales sostenidos por Raúl Cipitelli, José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva.