¿Figurarán allí, puntillosamente detallas y descriptas, las identidades de los propietarios de la fallida empresa de la que formaba parte Silvestre Zitelli, y a la que el Estado infructuosamente intenta cobrarle el fraude cometido con la mal llamada Obra del Siglo?.
Para El Ancasti y Zitelli, que son lo mismo, porque éste es su presidente-propiertario, y quien encarga personalmente lo que se escribe o deja de escribir en el Cara y Cruz, la adjudicación de la construcción de 1.300 viviendas, forma parte de un proceso de “cartelización de la obra pública” en la provincia. Y juzga que “la cartelización es un delito” y que “los funcionarios responsables -en este caso Octavio Gutiérrez y Dante López Rodríguez, titulares de la Secretaría de la Vivienda y del IPV, respectivamente- quedaron a tiro del Código Penal”.
Por aquello de que “el ladrón juzga por su condición”, con estas publicaciones pretenden salpicar a medio mundo.
No obstante, erigidos en “fiscales” ad hoc para la “cartelización de obras públicas”, El Ancasti y Zitelli tendrían que concurrir presurosos a la Justicia, so pena de quedar comprometidos como encubridores, con tantas “pruebas” celosamente guardadas.
Claro que mucho antes de esto, debieron comentarle al ex Fiscal de Estado, Simón Hernández, dónde se ubica la misteriosa escribanía que se encarga de “guardarles” sus datos de la “cartelización”, para saber si allí también están los datos y los pormenores de la quiebra de su ex empresa NORUZI, que el empresario polirrubro vació cuando era juzgada y, posteriormente condenada, por la gran estafa pública al erario provincial con la mal afamada Obra del Siglo.
¡Pobre Hernández…!, se fue del gobierno sin saber quiénes eran aquellos estafadores, aunque por alguna presunción de certeza actualizó la causa contra Zitelli, por ser éste uno de los propietarios de la quebrada NORUZI, de la que el sufrido y esquilmado Estado catamarqueño aún espera cobrar una deuda, que ya debe estar rondando los 500 millones de pesos.
Y pensar que El Ancasti y Zitelli se alzan fervorosamente ofuscados y ofendidos cuando “descubren” alguna que otra dádiva estatal, que no vaya como subsidios y/o asistencia para algunas de sus tantas actividades empresariales/productivas, sean estas en la hotelería, la olivicultura, la ganadería, la vitivinicultura o el rubro del que se trate.
En el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Comercial y de Ejecución de 2da. Nominación se sustancia la quiebra de NORUZI, y al respecto, el ex Fiscal de Estado, Hernández, antes de dejar sus funciones a fines de 2011, había declarado que “investigó la participación de Zitelli en distintos grupos empresarios, para que se haga cargo de las responsabilidades que pesan contra los propietarios de la empresa NORUZI”, de la que fuera encumbrado directivo.
En aquellos días se publicó que “aunque NORUZI se dio a la quiebra, se investigó la participación de Zitelli en otras empresas (entre ellas El Ancasti y su editorial Capayán), a las que se debe cobrar la deuda por aquella histórica estafa a la provincia”.
Si tanto les preocupan las cuestiones y, sobre todo “los negocios” del Estado, cómo El Ancasti y Zitelli no identifican puntalmente a esa misteriosa escribanía; tal vez allí los jueces y el Fiscal de Estado puedan encontrar datos más precisos sobre la quiebra de NORUZI y sus quebrados propietarios, celosamente guardados en alguna acta notarial. Casi seguro que deben estar “en un sobre cerrado, sellado en las junturas…”.
¡¡¡Andá…, Zitelli!!!.