Los fondos estaban y de las reiteradas promesas de pago del 82% a los jubilados con posterioridad a la transferencia de la Caja Previsional Provincial, en julio de 1995, la medida no se implementaba por las trabas de dos burócratas de la AGAP; los jubilados, pobres, no les queda más que rezar y seguir esperando, aunque muchos se quedaron en el camino.
Los abogados radicales de la AGAP demoraban los trámites en el departamento legal de la AGAP, donde se encargaban de revisar y estampar las firmas, algo obligatorio para el pago del 82 por ciento móvil a los beneficiarios.
La medida del pago del 82% había sido anunciada con bombos y platillos por la gobernadora Lucia Corpacci, en su discurso del 1 de mayo del 2012, de pagar a los jubilados y pensionados que accedieron a los beneficios con posterioridad a la transferencia de la Caja Previsional Provincial, en julio de 1995.
Pero la implementación del pago se demoraba meses y meses en la oficina legal donde Carlos Seleme, a pesar de su larga militancia radical se desempeñaba como director de Beneficios Previsionales, en tanto que Fernando Vidal, se desempeñaba como titular de Asuntos Jurídicos.