El decreto del Ejecutivo provincial cuestionado por la Justicia sospechada de militancia radical, establece que las regalías mineras de los municipios deben pasar por una comisión que analizaría los proyectos que envíen las comunas para poder hacer uso de las partidas.
Pero con esta resolución de la Justicia radical, todo quedó paralizado. Con esta situación, los intendentes volverán a tener la potestad de hacer uso de estos fondos sólo con el control del Tribunal de Cuentas.
A partir de ahora, con la medida cautelar en vigencia, el máximo tribunal deberá expedirse sobre la cuestión de fondo del conflicto, que es declarar o no la inconstitucionalidad del decreto.
La Corte tomó esta decisión luego de que en el mes de abril el intendente radical, patrocinado por los abogados apoderados del FCS, Víctor Quinteros y Jorge Brizuela, presentara un planteo de inconstitucionalidad del decreto 202/13 que reglamenta el artículo 5 de la ley de Regalías Mineras.
Asimismo, el intendente y sus abogados presentaron un recurso de amparo para que se suspenda el decreto provincial hasta tanto la Corte resuelva la cuestión de fondo.
El argumento de la presentación judicial era que la nueva reglamentación violaba las garantías constitucionales de los municipios.