La iniciativa contó con despacho favorable de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deportes, y en sus fundamentos se sostiene la "necesidad de proteger y hacer valer los derechos de los ciudadanos consumidores de nuestra provincia, ante la costumbre ya arraigada de que los proveedores de bienes y servicios agreguen un adicional al precio final, por el uso de las tarjetas de crédito. Los consumidores desde hace años, y siempre directamente relacionado con los vaivenes de la situación económica del país; deben abonar un porcentaje adicional en la gran mayoría de los comercios por el uso de tarjetas de crédito. En definitiva, son casos de excepción los que realmente cumplen con tal normativa; agravada esta tendencia de acrecer al precio un adicional por el uso de la tarjeta de crédito, en especial en épocas de contracción de la economía como las que vive ahora nuestro país, y por ende, a la que nuestra provincia no es ajena”.
De la discusión en el recinto, el proyecto sufrió modificaciones en los artículos 1, 2 y 4, referidos fundamentalmente en la forma de exposición de precios como así también sobre quién deberá ser la autoridad de aplicación de la Ley. Este Proyecto con media sanción, fue girado al Senado para su revisión y tratamiento.