Como era de esperarse, los legisladores del Frente para la
Victoria (FV) realizarán una presentación judicial ante la Fiscalía Federal
pidiendo que se cite al ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral a aclarar y
presentar las pruebas.
La presentación se realizará hoy mismo. Así lo informó ayer
la diputada Cecilia Guerrera, quien señaló que "solicitaremos a la Fiscalía
Federal que se cite a Brizuela del Moral a aclarar y presentar las pruebas de
los dichos durante el plenario del Movimiento Renovador, en cuyo marco hizo
graves acusaciones donde vinculaba un proyecto de expropiación del Casino con
posibles actividades de narcotráfico y lavado de dinero”.
"Estamos dispuestos a exigir que la Justicia requiera las
explicaciones del caso, porque no se puede ligeramente e irresponsablemente
hacer este tipo de acusaciones mediáticas sin que se cumpla con la obligación
como funcionario público, en su calidad de diputado nacional”, agregó.
Brizuela del Moral, como Oscar Castillo y muchos otros
radicales, es un habitué en declaraciones difamatorias, curiosamente
relacionando dirigentes de otros partidos con el tráfico de drogas. Nunca
aportaron pruebas, solo rumores, dicen que dicen que dicen; nunca nada
concreto.
Ahora, por primera vez, Brizuela tendrá oportunidad de
explayarse sobre lo que atribuyo a un vecino, que al cruzarlo en la calle le
insinuó una vinculación entre la presentación de un proyecto de ley para
expropiar el Casino con el supuesto objeto de "blanquear" dinero y
cerrar la "escala de producción" de droga.
Los ciudadanos comunes, a quienes les preocupa el avance de
la droga en las calles de nuestra ciudad, estarán agradecidos de los aportes de
Brizuela y del "Vecino”; si es que se animan claro, y no se escuda el ex
Gobernador en los fueros parlamentarios que goza.
El ex mandatario radical deberá presentarse por un escrito
que lleva la firma de diputados y senadores oficialistas, que fundamentan su
petición en lo que impone el artículo 177 inciso 1° del Código de
Procedimientos Penales de la Nación, que hace alusión a la obligación de
formular denuncia penal cuando un funcionario público toma conocimiento sobre
la posible comisión de algún tipo de delito.