Con la presencia de los presidentes de la CGE, Ider Peretti, y la CNV (Comisión Nacional de Valores), Alejandro Vanoli, los participantes de la reunión destacaron los principios tenidos en vista por el autor del proyecto, que pueden resumirse en "la búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre el papel de los empresarios durante la última dictadura", tal como fue expresado oportunamente.
El proyecto propone la creación de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante ese trágico período de la historia nacional.
Además de Recalde, firmaron la iniciativa la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, y los diputados Teresa García, Adela Segarra, Pablo Kosiner, Carlos Kunkel, Verónica Magario, Horacio Pietragalla, Eduardo "Wado" de Pedro, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Carlos Gdansky y Edgardo Depetri, todos del FPV, y Oscar Martínez, del Frente Renovador.
El objetivo de ese cuerpo será elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la última dictadura.
Ese informe deberá identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.
De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.
También, contempla el requerimiento de informes a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes del Estado Nacional, Provincias y Municipal y Estados Extranjeros para recoger testimonios para comprobar la eventual comisión de delitos.
Durante el encuentro, llevado a cabo en la sede de la entidad empresarial en Buenos Aires, se puso de resalto por parte del presidente Peretti el trabajo realizado por la Subcomisión de Derechos Humanos de la CGE, constituida el año pasado, que clasificó y seleccionó la documentación y los antecedentes obrantes en la sede social de la calle Rivadavia, que serán de utilidad para la elaboración del informe previsto en la iniciativa legislativa.