En declaraciones radiales, el ex funcionario aseguró que
"encontramos pruebas que demuestran que esas maniobras se venían
realizando desde cuatro años antes, es decir, que las venían realizando
funcionarios y empleados cuando Oscar Castillo era el gobernador”.
Al mismo tiempo, negó su culpabilidad en la causa conocida
como el megafraude a la Administración Pública. "No soy el ideólogo, no tengo
nada que ver con las acusaciones”, apuntó.
Además, afirmó que "tenemos documentos que demuestran
la sobrefacturación con las fundaciones en el gobierno de Castillo. Esto es muy
grande y la verdad va a salir a la luz”.
Para finalizar, se lamentó por la imputación de algunas
personas, que según consideró, "no tendrían que ser ni investigadas. Hay
empleados que cumplían con su trabajo y no deberían ser perjudicados con una
causa así. Pero creo que es positivo que el juez hable con todos para que la
verdad se conozca”.
Por otra parte, sostuvo que la Justicia no investigó como
debía. "La investigación no se realizó de manera correcta. Se designaron a
dos fiscales para investigar, pero las acusaciones las firmó sólo uno. Además,
el mismo juez de Garantías elevó la causa a juicio dos veces y, en las dos, la
elevación fue declarada nula. Esta es la tercera vez que se eleva a juicio, es
decir, que nos acusó de tres maneras distintas. Eso es inexplicable”, explicó.
Cabe recordar que el juez de Control de Garantías, José
Antonio Carma, elevó a juicio la causa en la que se investiga la contratación
de cursos de capacitación por parte del Estado.
Es así que diez años después, la causa por el megafraude de
Desarrollo Social llegará a juicio oral y público y se podrá determinar la
responsabilidad de funcionarios, empleados del Estado y empresarios por la
contratación de cursos de capacitación que no se realizaban o se realizaban sin
el número de asistentes declarado, y por los que se pagaban abultadas sumas de
dinero.
Son diez imputados que tiene la causa por el delito de
fraude contra la Administración Pública. Se trata del ex secretario de
Desarrollo Social durante el primer tramo de la primera gestión gubernamental
de Eduardo Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, por 24 hechos; el ex
director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, por 24 hechos; el titular de la
Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, (11 hechos).
La medida alcanza también una ex empleada de Desarrollo Social
(24 hechos), y a funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Hacienda.
En este sentido, está involucrado el ex contador de la provincia,
Juan Andrés Barrios (24 hechos); la ex subcontadora general Susana De la Colina
(24 hechos) y los ex empleados Cristina Barros de Voget (24 hechos), Guillermo
López (24 hechos) y Liliana Jalil de la Barrera (24 hechos).
Es así que si se confirma la responsabilidad de los
imputados, deberán devolver más de un millón de pesos, además de pagar multas
por transgredir disposiciones legales y reglamentarias.
Según el sumario administrativo que realizó el Tribunal de
Cuentas, el daño causado al erario provincial por el pago de las capacitaciones
ascendería a unos 4,2 millones de pesos.