En el afán de repartir piñas a ciegas y a diestra y
siniestra, por ejemplo el concejal Gustavo Álvarez, aseguró que concurrió a la
Justicia para ponerse a disposición y para que sea Fiscalía quien determine
culpabilidades o inocencias.
La concejal Gloria Peña fue más confiable en sus
declaraciones ya que exige que "se investigue porque me siento afectada por todo
lo que se dice en la calle”, aclarando que ella no aprobó el proyecto de
pavimentación de las calles de Andalgalá.
También aseguró que si es necesario se constituirá en
querellante particular porque no va a permitir que a ella la metan en la misma
bolsa de los culpables y coimeros.
Lo cierto es que por estos días, el "honorable” Concejo
Deliberante de Andalgalá está siendo seriamente cuestionado por la comunidad en
cuanto a esa inexistente honorabilidad que no brinda ninguna garantía de
transparencia y honestidad, situación que afecta principal y casi
excluyentemente a los ediles cercanos al epicentro de la corrupción instalada
alrededor del intendente Alejandro Páez y de José Luis Cativa.
Algunos pensadores ciudadanos opinan con cierto criterio de
certeza, que la Fiscalía General, debería actuar de oficio, por existir
presunción de acto delictivo, como reaseguro de probidad en el ejercicio de la
función pública.
Habrá que ver qué pasará en los próximos días.