"La puesta en escena realizada por la Justicia en la
Municipalidad de Valle Viejo demuestra el nivel de obediencia de un poder que
debería obrar de manera independiente, y sin embargo hace, deshace y dispone
según el interés y la voluntad de su mandamás del partido; que no sólo le
indica cuándo moverse sino cuándo debe mandar un expediente a dormir la siesta
en un cajón”, aseguró el funcionario.
"Lo que sucedió en Valle Viejo es de una gravedad
institucional y complejidad extrema desde donde lo mire”, afirmó el doctor
Sáenz, en referencia a la "inspección judicial” ordenada a partir de una
denuncia realizada por Eduardo Brizuela del Moral.
"Nunca en la historia de la Argentina se dio un caso en que
un funcionario al que se le pide que pague sus impuestos responda con una
demanda penal contra los funcionarios municipales y mande a la Justicia a
realizar un allanamiento, es un hecho inédito", expresó Sáenz.
El funcionario sostuvo en declaraciones a la prensa que la
inusual situación "desnuda por completo la íntima relación que existe entre la
Justicia y el Frente Cívico y Social”, lo cual "se manifiesta no sólo en estas
torpezas, sino también en la selectividad de las respuestas, que hace que a
tres años y medio de haber sido derrotado en las urnas no haya avanzado una
sola denuncia contra los funcionarios salientes”.
"Cuando se trata de cajonear denuncias radicadas en contra
de funcionarios del Frente Cívico por hechos de corrupción gravísimos, como lo
son el negocio del hambre, las compras directas de Desarrollo Social, la obra
de electrificación de Ampajango en Santa María, las triangulaciones
financieras, los desguaces de las empresas de servicios públicos, los
aerogeneradores de El Portezuelo, OSEP o el pozo de agua número 53; verdaderos
monumentos a la corrupción… allí la Justicia no muestra reacción alguna sino
que manda a las demandas a dormir la siesta hasta hacerlas prescribir en el
olvido, asegurando la impunidad de cuanto funcionario se encuentre sospechado
de un delito”, analizó.
"Salvo honrosas excepciones, hay una Justicia sometida y
sumisa, de dos caras bien definidas, que muestra la actuación relámpago e
inmediata o la inacción crónica, según convenga al Frente Cívico”, resumió,
para advertir que "ni un estudiante de Derecho puede imaginarse que la
persecución de pagos de un organismo del Estado puede dar origen a una acción
penal: cualquier hijo de vecino debería haberse presentado a dar las
explicaciones sin necesidad de producir desgastes innecesarios de tiempo y
dinero que deberían destinarse a seguir trabajando para la comunidad”.
"El Frente Cívico y Social dispone de una Justicia delivery,
a la que le indica lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, con la
gravedad que esto implica para la vida institucional de la Provincia”,
concluyó.