Se trata del escándalo iniciado por el intendente Guaraz y
acompañado por su hermana en abril de 2015, de suspender a los concejales Cristian
Guzmán y Orlando Páez, cerrar las puertas del Concejo Deliberante de Bañado de
Ovanta, y luego procedieron a tomar juramento a los ediles suplentes.
Ahora el organismo deberá desembolsar la suma de dinero en
un arreglo entre partes para pagar los sueldos no cobrados a los concejales y
funcionarios perjudicados con la medida ejercida en ese momento por Guaraz.
La decisión fue resuelta por el juez civil de Segunda
Nominación, Martín Ever Acosta, quien remitió la notificación al Concejo Deliberante
y la Intendencia de Bañado de Ovanta para que se efectúe el reintegro de los
fondos.
Con esta decisión, deberá pagar una suma superior a los 300
mil pesos, más el 30 por ciento en el que se "calculan provisoriamente las
acrecidas” o intereses, es decir casi 450 mil pesos.
