viernes, 8 de julio de 2016
09:37
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Herrera mediante el decreto 073/16, "autoriza el alquiler de la "Exclínica privada Rawson”, bajo la modalidad de "compra directa sin limitación de montos” y "se contempla que los fondos para la refacción del inmueble son a costas del municipio restando la inversión del alquiler mensual”. Así, acota que "en el rubro material requiere una inversión de $295.017”.
El contrato establece que la mano de obra corre por cuenta del municipio con "personal de Obras Públicas”. El concejal Ramón Oyola -con el asesoramiento legal de Pedro Vélez- afirmó que tomó conocimiento respecto a una contratación irregular entre el municipio y el actual diputado, "quien habría actuado a través de Andrea Bollada”.
"En este punto no existe quita para el municipio”, expresa la denuncia, indicando que "se empleará mano de obra para beneficio de un particular”. Remarca que "el inmueble estaba en un estado ruinoso, requiriendo una reparación mayor a la calculada”.
Al día siguiente del decreto -es decir, el 2 de marzo- "se celebra contrato de locación entre la municipalidad” y la señora "Bollada por $12.500 para el primer año, como supuesta contraprestación por las reparaciones, pues el precio establecido para el segundo año es de $25.000 mensuales”.
Al respecto, el edil señala que "la quita ni siquiera cubre el 60% de los gastos en materiales” y Herrera termina beneficiando "a un particular con la suma de $145.017 en materiales costeados”.
Seguidamente, explica que la Carta Orgánica "autoriza las compras directas sólo hasta el equivalente de 10 sueldos del intendente, por lo que el contrato fue hecho violando dicha norma” de tomarse "el monto de la locación y las reparaciones”.
El edil alegó sorprenderse, pero fue aun más "cuando descubrimos que el verdadero propietario es Lobo Vergara”, quien "adquirió el bien el 30 de marzo del 2007, mediante escritura número 44”.
En el entramado apunta que "quien cotiza el valor del alquiler es `Inmobiliaria Lira´, propiedad de una persona que posee un embargo sobre el inmueble alquilado”. Según desglosa, Lira es de "Julio Ibarra, quien tiene embargo sobre el inmueble y que luego es alquilado por el precio que la inmobiliaria recomienda”.
Además, para sumarle nombres, "quien dictaminó la legalidad del contrato de alquiler fue Paola González Pinto, quien aún no tenía aprobado el pliego como fiscal municipal”.
En tanto, el concejal ahonda en sus sospechas ya que "uno de los asesores legales del municipio es el anterior propietario del inmueble, Mario Francisco Escribano”, quien a su vez es "socio del estudio jurídico con Lobo Vergara”, que tiene asiento en Capital. En este orden, observa que "Escribano no podía desconocer la situación del inmueble”.
Fuente: Diario El Esquiu, Concejales del FPV