Elvio Tapia, un empleado de la empresa, dio detalles de lo
acontecido puertas adentro de la casa legislativa manifestando que "nosotros
vinimos acá por el tema laboral, por el tema del miedo de que mañana nos
quedemos sin laburo”.
"Más allá de eso, en lo que me toca a mí en lo ambiental, yo
no quiero que esto se haga mal y por eso tuve la oportunidad de estar en esta
reunión, tuve la oportunidad de contarles lo que uno hace, decir las cosas
técnicas, para eso tenemos nuestros jefes y entidades que lo dirán mejor que
nosotros, ellos con esto se tienen que dar cuenta que nos están perjudicando en
el tema laboral”, manifestó.
En este aspecto, dijo que el presidente del Concejo
Deliberante, José Luis Olaz, "desconocía quiénes éramos”.
Según el trabajador, la ordenanza "salió para que las
autoridades provinciales competentes en materia minera brinden repuestas a una
serie de planteos realizados por el Concejo Deliberante”, agregando que "nosotros
estamos en el medio, seguimos con estas cosas, estamos cansados de que nos
usen, tanto nos usan a nosotros que estamos a favor de la minería y la usan a la
gente que está en contra”.
En este contexto, señaló que los concejales sabían de
antemano que la ordenanza era anticonstitucional.
Por último, sostuvo que los concejales "sabían de
antemano que la ordenanza era anticonstitucional".
Recordemos que al comenzar la semana estos delegados se
reunieron con el intendente Alejandro Páez por la misma situación. "Nunca
se llegaron por nuestras oficinas para conocer nuestro proyecto; nosotros
venimos a defender nuestra fuente de trabajo. Somos nacidos y criados en
Andalgalá. Nunca trabajaríamos en una actividad que ponga en riesgo nuestra
tierra y la tierra de nuestros hijos y nietos", señalaron.
Para el intendente, es la empresa Agua Rica la que debe
darles garantías a estos empleados.
