"Hago público nuestro malestar y repudio ante este hecho inaudito que conforma una burla a la verdad y la justicia: la suspensión de la sentencia y el sobreseimiento que benefició al genocida Carlos Alberto Lucena, medida que además, abogados que intervienen en causas por crímenes de lesa humanidad entienden que representa una amnistía velada”, manifestó Adriana Díaz, titular de la organización civil "Tramas”.
"La Justiciasabe quien es (Carlos Lucena), lo juzgó y lo condenó, pero parece que estos son tiempos de considerarlo un pobre anciano enfermo que no merece lo que le está pasando”, sospechó.
Ayer, en una polémica resolución, los jueces subrogantes del Tribunal Federal dictaron el sobreseimiento del represor Carlos Alberto Lucena (98) -ex interventor de la provincia en 1976- , quien el próximo lunes debía escuchar la nueva sentencia luego de que se anulara el fallo dictado en 2012, que los declaraba culpables a él y a Juan Daniel Rauzzino, por los secuestros de Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos, Francisco Gregorio Ponce y Griselda del Huerto Ponce, ocurridos en Catamarca durante la última dictadura militar.
Adriana Díaz, advirtió que "los cambios de criterios en los tribunales tienen que ver con un clima político generado desde el gobierno nacional que apunta a hacer lugar a la estrategia de los represores: si seguimos haciendo juicios, que sean con ellos mirándolos desde sus casas”.
Recordó que ni Lucena ni Rauzzino "jamás esbozaron una disculpa ni aportaron datos sobre los desaparecidos”, y marcó la contradicción: "hoy bajo el velo de la cuestión humanitaria se los pretende beneficiar con el sobreseimiento por razones de salud”.
