“No son héroes”

Andalgalá © Fueron las expresiones de la dirigente social y política, Aida Orellana, una de las personas que más luchó para que Andalgalá obtuviera los fondos de regalías mineras, para opinar sobre los concejales y a la ordenanza antiminera que aprobaron.
martes, 20 de septiembre de 2016 00:27
martes, 20 de septiembre de 2016 00:27

La dirigente expresó que le duele la situación de los que se quedarán sin trabajo, apuntando que  la única responsabilidad es la del sector político de ambos partidos, peronistas y radicales. "A las mineras, Alumbrera y Agua Rica no las culpo, porque ellos compraron un proyecto que estaba a la venta, los que tuvieron que controlar, los que recibieron la plata de las regalías mineras hicieron la gran fiesta, olvidándose que después las fiestas hay que pagarlas, cuando no hay desarrollo la gente se queda sin trabajo, los políticos consiguieron votos dando subsidios, becas, y eso no es trabajo, no es dignidad, entonces encontramos que hoy muchos chicos se van a quedar sin trabajo y sin estudio”, manifestó Aida.

También remarcó que la plata de las regalías mineras, era para proyectos productivos y sustentables, "para fábricas, trabajo para la gente, capacitaciones, lamentablemente eso no pasó, el subsidio ha empobrecido al pueblo argentino, y  acá todos fueron parte de la fiesta”.

Por último, expuso que los ediles que votaron la ordenanza antiminera, "no son héroes, porque durante mucho tiempo estuvieron del otro bando y ahora quieren lavar su culpa diciendo que son los salvadores del pueblo”.

Recordemos que esta dirigente peronista fue en 2004, una de las impulsoras de la sanción de la ley de regalías secundarias, para lo cual instaló en la plaza 9 de Julio de Andalgalá, junto a toda la promoción de estudiantes de Comunicación Social del IES a la que pertenecía, una carpa de protesta y reclamo, por la que pasaron todos los dirigentes políticos, candidatos y alcahuetes, para estampar su firma.

La carpa estuvo ahí, como un forúnculo para las autoridades de turno, durante más de seis meses, hasta que se sancionó la ley, debido a la presión popular que la carpa produjo sobre el gobierno de Oscar Castillo.

 

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