El proyecto fue presentado por el diputado Simón Hernández (FCS-Cambiemos) y tomó estado parlamentario durante la 18º sesión ordinaria de este miércoles y pasó a la Comisión de Minería.
En uno de sus artículos menciona que "será de realización obligatoria pero sus opiniones y conclusiones tendrán efecto no vinculante para la Autoridad de Aplicación, la cual deberá fundamentar su decisión explicando de qué manera tomó en cuenta las opiniones vertidas en la audiencia, y en su caso, las razones de su rechazo”.
Algunos de los objetivos del proyecto son "reconocerel derecho de la comunidad de acceder a la información y documentación involucrada en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental; permitir y promover que las Declaraciones de Impacto Ambiental recojan las experiencias y aspiraciones de la comunidad, otorgando así transparencia y legitimidad a la gestión ambiental; encausar la participación y la información al ciudadano y a las organizaciones civiles, a fin de tomar en consideración sus puntos de vista, objeciones y sugerencias a lo largo del proceso de planificación de la actividad minera y de cierre de mina”.
En los fundamentos el diputado Hernández asegura que se pretende impulsar "mayores y mejores mecanismos de participación ciudadana, especialmente en la etapa de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental que, en forma obligatoria deben presentar las empresas”. El proyecto recibió el acompañamiento de los diputados Paola Bazán y Miguel Vasquez Sastre.
En otro tramos establece el reglamento por el cual se deberá regir el sistema de Audiencias Públicas Ambientales y estipula que la convocatoriase debe difundir con una anticipación por lo menos de quince días hábiles previos a la fecha establecida para la realización de la misma;la Secretaría de Estado de Mineríadebe abrir un Registro en el que se inscriban los ciudadanos, organizaciones civiles y organismos que acrediten domicilio real y que deseen hacer uso de la palabra en el transcurso de la misma; entre otros puntos.
Tras la presentación del proyecto de Ley el diputado Simón Hernández manifestó quese intenta "exigir estándares de controles ambientales altos obligatorios a las empresas mineras, que permitan erradicar el impacto negativo de la actividad en los recursos naturales y, en definitiva, en la calidad de vida de nuestra población”. Y agregó que "todo proceso participativo tiende a dar cumplimiento en forma acabada al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno”.
