Última sesión en el CD de Santa María

Uno de los proyectos en cuestión fue el realizado por el presidente del CD Pablo Rubén Sánchez quien mediante decreto contrató a un profesional de la Capital, más precisamente el abogado Daniel Ortega para que trabaje en la denuncia contra el ex intendente Jorge Andersch.

Ante esto, los concejales peronistas presentaron un proyecto de resolución donde reza lo siguiente: "Expresar el rechazo del decreto presidencial, Nº 55/17 emanado de este concejo deliberante, por ser arbitrario, unilateral, rozando la ilegitimidad y el abuso de autoridad, solicitar al cuerpo legislativo determine la legalidad y legitimidad de lo actuado por el presidente y solicitar a la prosecretaria se abstenga de realizar el pago de honorarios con fondos públicos municipales, hasta tanto se dilucida la presente situación”.

El otro proyecto, y que tuvo un acalorado debate en el recinto, fue la contratación de personal no permanente para el Concejo Deliberante. Aquí en este proyecto, los ediles justicialistas mandaron por mayoría a archivo al proyecto del FCS que pretendía dejar a tres personas como contratadas y que responden a su partido, según los concejales peronistas.

En cuanto al proyecto de la contratación de los empleados, la edil María Escalante aclaró que el concejo tiene una vacante de 9 empleados, de los cuales se repartieron no equitativamente entre todos los concejales. Por ejemplo en el bloque del justicialista tenemos tres empleados y los contratos vencen el 30 de diciembre, mientras el bloque del FCS tiene 6 empleados en contrato y en planta permanente el concejo tiene 13 empleados, de los cuales 3 pertenecen al peronismo y los 10 restantes pertenecen al FCS. Entonces pueden ver que hay una disparidad que no se hizo por consenso, el FCS aprovechó la mayoría y tiene la gran mayoría, es por eso que no le aprobamos el proyecto porque nos parecía que era igualitario y nos pareció una actitud desleal, por lo tanto ese proyecto con la nómina de esas 3 personas pasa a archivo”, explicó Escalante.

En referencia al rechazo que realizó el bloque del PJ al decreto para la contratación de un abogado, el concejal Fernando Cuello dijo que no se puede utilizar el concejo para pagar los gastos de honorario de un abogado.

 

"Es por eso que lo rechazamos a este proyecto, tenemos entendido que el pago ya se hizo, pero cuando comience una nueva gestión veremos cuáles serán las decisiones que vamos adoptar desde el punto de vista legal”, avisó.

Al ser consultado si le cabe alguna sanción al protesorero que supuestamente pagó estos honorarios de acuerdo al decreto emanado por la presidencia y que fuera rechazado por la mayoría en la última sesión ordinaria, Cuello afirmó: "yo creo que el protesorero está muy comprometido con esta decisión de pagar estos honorarios, nosotros nos haremos asesorar para ver qué medidas vamos a tomar”, finalizó.