Luego de que el Fiscal Federal Santos Reynoso solicitara al
Juez Federal Ricardo Moreno que cite a prestar declaración indagatoria al ex
interventor y ex presidente de la empresa SOMICA DEM, Raúl Doering, y a Ricardo
Manuel López y José Oscar López, responsables de la firma Dolphin, con la cual
el primero sellara un acuerdo para la explotación del yacimiento Minas
Capillitas, ubicado en el departamento Andalgalá, en la causa en la que la
Justicia Federal investiga la explotación de rodocrosita entre los años 2002 y
2012, el diputado provincial Augusto Barros se refirió al tema.
El legislador, junto a sus pares Cecilia Guerrero, Oscar
Pfeiffer y el ex diputado Hugo Argerich, presentaron en 2016 la denuncia a
partir de la cual se inició la investigación. Al respecto, Barros se refirió a
los importantes avances de la misma y contrastó lo que fue la minería durante
los años del Frente Cívico y Social y los resultados que se observan ahora
desde que Lucía Corpacci asumió la Gobernación en diciembre de 2011.
En primer término, señaló la gravedad de los daños que
habría sufrido la provincia, ya que los avances en la causa son un claro
indicio de que "por lo menos la Justicia Federal sospecha que hubo un manejo
irregular del funcionamiento de la rodocrosita a través de Dolphin y quien en
aquel momento era titular de SOMICA DEM (por Doering)”.
En ese sentido, Barros se hizo eco de la estimación
realizada ayer por el fiscal de Estado, Carlos Bertorello, quien indicara que
el tráfico ilegal, comercialización y triangulación con contrabando de
rodocrosita significaría una pérdida para los catamarqueños de más de mil
millones de pesos. "Todo esto a través del manejo turbio y espurio de las hojas
de ruta. No se sabía la cantidad de kilos que se llevaban de la provincia ni
dónde iban a parar”, reprochó el diputado.
Además, advirtió la gravedad que revistaría que Raúl
Doering, como funcionario provincial, hubiera abierto una empresa offshore en
Panamá.
"¿Había desconocimiento del Poder Ejecutivo Provincial sobre
lo que ocurría (entre 2002 y 2012)? ¿Alguien más se benefició?”, se preguntó
Augusto Barros en cuanto a si el ex interventor y ex presidente de la empresa
SOMICA DEM podría haber actuado solo en la operatoria que se encuentra en
investigación.
Para el legislador, "la conclusión es fácil: o hubo
complicidad, que es altamente probable, o hubo impericia. Y si fuera esto
último el mal control por parte del Estado provincial los hace también (a los
funcionarios jerárquicos del FCyS) responsables del perjuicio a las arcas del
Tesoro provincial, a los catamarqueños”.
Sobre ese daño, el diputado no dejó de preguntarse "¿cuántas
escuelas, casas, rutas, hospitales, y tantas obras más se podrían haber hecho
con esos mil millones de pesos que se habrían robado?”.
Contrastes
Por último, Augusto Barros valoró que "a partir de que nos
hicimos cargo del Gobierno en diciembre de 2011, desde la gestión que conduce
Lucía Corpacci le ponemos una impronta de eficiencia y transparencia a la
minería”.
En ese orden, contrastó los hechos investigados sobre el
manejo de la rodocrosita en los años en que el Frente Cívico y Social gobernaba
la provincia, con los resultados de la política minera que promueve la primera
mandataria, materializados por ejemplo ayer con el anuncio de una inversión de
300 millones de dólares.
Cabe recordar que ayer Corpacci y representantes de FMC y
Minera del Altiplano SA, que explotan el proyecto Fénix-Salar del Hombre Muerto
en Antofagasta de la Sierra, realizaron en conjunto el importante anuncio.
Ahora, la firma ampliará su producción de carbonato de litio para satisfacer la
potencial demanda de dicho producto en el futuro cercano, lo que implicará la
creación de nuevos empleos directos e indirectos en los que tendrán prioridad
la mano de obra catamarqueña, la contratación de servicios priorizando
proveedores local y aumentarán los aportes realizado por la empresa a la
Provincia, al régimen de regalías, al de responsabilidad social corporativa y
al Fideicomiso Salar del Hombre Muerto.
