Se trata proyecto de ley para combatir el conflicto de
intereses, a través de un marco regulatorio que incorpora controles que
alcanzarán a todos las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicia; ya sea del ámbito provincial o municipal.
La propuesta es altamente loable y aplaudible porque
implica, como ella mismo lo dice en los fundamentos, prevenir toda situación en
la que colisionen o puedan colisionar el deber público y los intereses privados
de un funcionario, es decir prevenir la existencia de conflictos de intereses
en el ejercicio de la función pública.
Ahora bien, a la legisladora macrista le caben las generales
de la ley porque no hay que olvidarse que ella junto a su esposo Jorge
Rodríguez, ex concejal por la Capital, son propietarios de Renta Car, una
empresa que se dedicaba –durante el gobierno del FCS- alquilar autos a la
Municipalidad y al Senado. Esto le permitió crecer de manera importante la
flota de autos para alquilar.
El "conflicto de intereses” de la diputada Bazán también se
evidenció sobre la situación del municipio de Ancasti cuando se mostró
interesada que quien asumiera el lugar dejado por el fallecido Antonio Córdoba
sea un concejal de su partido.
Será tal vez porque su esposo, de acuerdo a la escritura N°
366, aparece como administrador del Rincón de Ipizca que como es archiconocido
pertenece al ex gobernador y actual senador del FCS-Cambiemos, Oscar Castillo.
La iniciativa parlamentaria también se hará extensiva para
investigar al empresario Fernando Capdevilla, actual titular de la UDAI
Catamarca, presidente del PRO Catamarca, quien fue principal proveedor del
Estado durante el gobierno frentista y actualmente lo sigue siendo.
Con el proyecto de "Conflicto de Intereses” la diputada
Paola Bazán pretende evitar que el interés general se mezcle con intereses
particulares de quienes ejercen la función pública. Entonces a todos les caben
las generales de la ley, incluso a ella misma.
