Esto a partir de las quejas de una vecina que difundió
imágenes de paredes resquebrajadas en la unidad que habita.
Erróneamente, se aseguró que el problema respondía a un
problema de construcción, concretamente en el barrio 130 Viviendas, cuando en
realidad se trata de un inconveniente particular, provocado porque los
adjudicatarios encararon una ampliación no autorizada sin tomar las previsiones
necesarias.
El ingeniero Víctor Ponce, del equipo técnico del IPV,
inspeccionó la vivienda en cuestión, y corroboró que los problemas detallados
corresponden a esta remodelación mal hecha.
Ponce detalló los amplios trabajos técnicos realizados antes
de la construcción del barrio para acondicionar correctamente el suelo, y
comentó que a diferencia de otros complejos habitacionales, donde se trabaja
sobre una platea de hormigón, en las 130 Viviendas se hizo un sistema de viga
de fundación y pilotines, pequeñas columnas que van cada metro y medio, a una
profundidad que oscila entre 3 y 4 metros.
Se decidió también utilizar cañerías especiales para evitar
humedad, que van desde la llave maestra en la vereda hasta los tanques de
reserva. Esto asegura la estabilidad de las construcciones, que como lo
demuestra el resto de las viviendas, se encuentran en óptimo estado.
Los daños pueden aparecer cuando se avanza en ampliaciones
sin autorización, como en este caso, que afectó a la vivienda donde se encaró
esta obra y a la vivienda vecina, ya que añadieron un peso significativo sin
tomar las previsiones necesarias.
A los adjudicatarios del IPV, cuando reciben una vivienda,
se les entrega un Manual de Usuario, en el cual se indica cómo resguardar la
vivienda; y allí se especifica claramente que para realizar una ampliación
deben contar con una autorización previa del IPV, precisamente para evitar
estos problemas.
Incluso se prohíbe expresamente alterar la estructura de la
vivienda, bajo la advertencia de que puede causar problemas y anular la
garantía.
El artículo cuarto del contrato señala que no se puede
"realizar modificaciones, mejoras o cualquier clase de obras que pudieran
alterar su estado y dependencias sin autorización expresa y por escrito"
del IPV.
Es por ello que autoridades del Instituto piden
responsabilidad y prudencia a los dueños, ya que han detectado incluso vecinos
que están construyendo una segunda planta sobre la casa, cuando la estructura
no está preparada para ello.
En este caso particular que tomó estado público, la vecina
asumió su responsabilidad ante escribano público, y el IPV accedió a ayudarla a
reparar los daños, en atención a las necesidades de la familia.
