En el banquillo de los acusados, estarán ni más ni menos que
diez ex funcionarios de la cartera de Desarrollo Social del Gobierno del Frente
Cívico y Social, empleados del Estado y empresarios por la contratación de
cursos de capacitación por los que se pagaron abultadas sumas de dinero.
Fuentes judiciales informaron que desde la Cámara Penal de
Primera Nominación se encuentran abocados a ultimar los detalles para llevar a
cabo el próximo miércoles 16 de agosto el juicio, denominado mediáticamente,
"megafraude de Desarrollo Social”.
Para el desarrollo del debate, se conformó el tribunal,
integrado por los jueces Fernando Esteban, Jorge Álvarez Morales y Fabricio
Gershani Quesada. En tanto que a cargo del Ministerio Público Fiscal -es decir
quien acusa en representación de la sociedad- estará el Dr. Jorge Silva Molina
y Ezequiel Walther.
Detalles
El juicio cuenta con un material probatorio de más de dos
mil fojas, distribuidas en trece cuerpos, los cuales fueron instruidos durante
varios años en la fiscalía de instrucción N 4 a cargo del Dr. Ezequiel Walther
y el 17 de junio de 2014, la causa fue elevada a juicio imputando a los
acusados por delitos de fraude contra la Administración Pública.
Así ocuparán el banquillo de los acusados, Pablo Córdoba
Molas -ex secretario de Desarrollo Social durante el primer tramo de la primera
gestión gubernamental de Eduardo Brizuela del Moral- quien debe responder por
24 hechos en concurso real en calidad de autor; 17 hechos de falsificación de
material de instrumento público en concurso real en calidad de autor.
Ariel Regina -ex director de Políticas Juveniles- por 24
hechos en calidad de partícipe necesario; el presidente de la Fundación Ideia,
Hugo Diamante, 13 hechos en concurso real en calidad de autor; el titular de la
Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, 11 hechos en concurso real en
calidad de autor.
También deberán responder ante la justicia por los mismos
delitos, pero en menor cuantía, a María Barros de Voget, Guillermo Alberto
López, Liliana del Valle Jalil de Barrera, Susana Beatriz de la Colina y el ex
contador de la provincia Juan Andrés Barrios, empleados y funcionarios que se
desempeñaban en el Ministerio de Hacienda quienes habrían colaborado en la
trama para favorecer los pagos.
Finalmente, se confirmó para el debate, del que se prevé se
extienda al menos por tres meses, se citó a declarar a más de un centenar de
testigos.
