Sin embargo, el debate fue frenado por presentaciones
realizadas a último momento por los abogados de alguno de los imputados y ahora
la fecha de su inicio es incierta. Una de las presentaciones fue solicitando la
nulidad de las pruebas presentadas ante el tribunal mientras que la otra fue
solicitando la nulidad de la requisitoria fiscal.
Entre los imputados se encuentran el ex secretario de
Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas; el ex director de Políticas Juveniles,
Ariel Regina; el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante; y el titular
de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu.
También están implicados algunos ex funcionarios que se desempeñaban
en el Ministerio de Hacienda y que habrían colaborado en la trama para
favorecer los pagos: María Cristina Barros de Voget; Guillermo Alberto López;
Liliana del Valle Jalil de Barrera; Susana Beatriz de la Colina y el ex
contador de la Provincia Juan Andrés Barrios.
La causa conocida como "El megafraude de Desarrollo Social”
fue el escándalo de corrupción que se desató durante la primera gestión del
gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, donde existió una triangulación entre
Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda y dos fundaciones que cobraron
alrededor de 5 millones de pesos por el supuesto dictado de cursos de
capacitación.
