El proyecto aprobado sufrió una modificación, propuesta por el Frente Cívico y Social (FCS) y se estableció, como contrapartida, el cobro de intereses a las obras sociales que paguen los honorarios médicos fuera de los plazos establecidos en los respectivos convenios.
Esta postura fue rechazada por el bloque oficialista, desde donde se argumentó que esa especificación no era necesaria, al señalar que ya existe una legislación vigente sobre ese tema.
Durante el plenario, hubo cruce de posiciones entre las diferentes bancadas políticas, y fue el diputado del FPV, Augusto Barros, quien habló de "defensa corporativa" de parte de algunos legisladores que son médicos.
Asimismo, les reclamó a sus pares de la oposición avanzar hacia una iniciativa que verdaderamente le de herramientas a los afiliados para defenderse ante los abusos que pudieran cometerse por parte de los profesionales.
Como se sabe, a través de la iniciativa se busca penalizar el cobro del arancel diferenciado por parte de los médicos, específicamente de los afiliados a OSEP. El proyecto contaba con doble despacho, uno en mayoría, del Frente Cívico y Social, y uno en minoría, del Frente Para la Victoria-Partido Justicialista.
