El funcionario adelantó que la próxima semana se llevará a
cabo una reunión con la Comisión de Participación Municipal con la nueva
integración de sus miembros.
"Hay varios proyectos para aprobar, pero también pedidos
concretos de ayuda económica de algunos municipios, como por ejemplo Pomán y
Londres, a los que se van a sumar otros municipios”, señaló Aguirre.
De acuerdo al planteo de Aguirre, el pedido de los
intendentes es por "desequilibrios financieros”, lo cual será evaluado en el
marco de la reunión. "Vamos a analizar cuál es la realidad del pedido y en base
a eso aprobar o no”, indicó.
Por otra parte, aseguró que aún no existe una presentación
formal por parte del intendente de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay en
relación a la reincorporación de los empleados municipales que fueron
cesanteados.
"Hay una decisión judicial que ordena que a principio de año
se reincorporen los empleados municipales que habían sido despedidos cuando ingresó
él (Taritolay) en su gestión, y que se les pague los meses que no se les había
pagado”, detalló.
Al respecto, Aguirre sostuvo que cuando Taritolay despidió a
los 45 empleados en el inicio de su gestión, tomó a otros 45 en sus lugares, lo
que ahora le dificulta el pago de sueldos. "Por eso hoy no tiene plata para
poder afrontar lo que le pide la Justicia”, lanzó.
Además, el subsecretario dijo desconocer los montos que
envía Nación a los municipios, tal como se había mencionado en el caso de
Antofagasta de la Sierra como uno de los beneficiados.
"Desconozco los fondos que envía Nación, salvo que sean ATN
porque pasan por la provincia. No tenemos conocimiento”, remarcó.
Fondo Conurbano
Los municipios también se verían perjudicados en el caso que
la Corte de Justicia falle a favor de la provincia de Buenos Aires en la
disputa por el Fondo Conurbano Bonaerense.
Sobre este tema, Aguirre estimó que la pérdida general para
la provincia rondaría los 1500 millones de pesos anuales. "Si tenemos en cuenta
que el 25 por ciento de lo que recibe la provincia se distribuye a los
municipios, estamos hablando de 370 millones de pesos al año. Todos son
cálculos estimativos”, marcó.
"Hay una preocupación porque si se pierde esa cantidad de
dinero, significa un grave problema para la gestión no solo de la provincia
sino de cada intendente”, concluyó.
