Díaz, que es la presidente del Partido Intransigente (PI) a nivel nacional, presentará su inquietud ante la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, que integra en la alianza del FPV, para que –a la vez- se eleve su requerimiento al Poder Ejecutivo de la Nación.
“Durante los primeros días de septiembre, el ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne, anunció en los medios de comunicación que una de las medidas de ajuste para el periodo 2019 incluía la quita de más de 60 mil millones de pesos que anualmente el gobierno Nacional entrega a las provincias”, recordó Díaz en los fundamentos de su iniciativa.
Agregando que “días después, en los anexos de la Ley de Presupuesto presentada en el Congreso de la Nación, Dujovne materializó su anuncio, ratificando que “la reducción en el monto de subsidios por 0,7% del PBI, con una caída de 0,3% del PBI en los destinados al transporte”.
“Esto significa que a partir de 2019 –remarcó-, serán las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las que deberán definir las compensaciones y/o subsidios al transporte automotor dentro de sus jurisdicciones, y quienes eventualmente asumirán las erogaciones presupuestarias asociadas a dichas decisiones”.
Después describió que “de este dinero, Catamarca recibía en promedio de 270 millones anuales lo que equivale al 0,45 por ciento del presupuesto total, que se viene destinando desde hace más de 20 años para que cada jurisdicción pueda mantener en condiciones el transporte público de pasajeros”.
«En nuestra provincia –enfatizó-, según datos de la Dirección de Transporte, este monto se destina en un 70 por ciento al pago a los choferes de las diferentes líneas urbanas, suburbanas e interurbanas de pasajeros, y el resto para la compra de gasoil (que se paga a 11 pesos) y el mantenimiento en condiciones de las diferentes unidades, además de la mejora del parque automotor”.
Díaz afirma seguidamente que “pensar en la supresión de los subsidios en las jurisdicciones que no puedan absorberlo (caso Catamarca y el resto de las provincias), es saber que principalmente repercutirá en un fuerte incremento en el precio del viaje para el pasajero, que actualmente es de $10,80. Y, según estimaciones, el costo para el usuario pasaría a costar $35, lo que significa que se tornaría inviable (hablamos de un promedio mensual de 70 mil usuarios por día)”.
“Además, se afectaría, el sueldo de los choferes, las frecuencias, la calidad de servicio, y hasta podrían desaparecer algunas líneas. Se favorecería, también, un sistema paralelo de transporte con vehículos personales y con las consecuencias de seguridad para el pasajero que esto implicaría”, remarcó la legisladora del Frente para la Victoria (FPV), concluyendo que “las consecuencias de esta medida nacional, afectarán de una manera caótica el normal desenvolvimiento de la mayor parte de la comunidad».