Los legisladores trabajan en torno a dos iniciativas que tienen que ver con el pedido de declaración de la emergencia ambiental en toda la jurisdicción del departamento Santa Rosa y suspensión de desmonte, presentado por la diputada Cecilia Guerrero; y un proyecto del diputado Hugo Avila, que requiere la suspensión, por término de un año, de los desmontes y fumigaciones en todo el ámbito de la provincia de Catamarca. La semana pasada se hizo lo propio con el director de Agricultura de la provincia, Guillermo Rosales.
La COMIFI está integrada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.Ca., el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA-Sumalao), la Dirección Provincial de Agricultura, la Cámara del Tabaco de Catamarca y representantes del sector productivo tabacalero de la provincia. Murúa indicó que se debatió sobre “sobre la necesidades y normativa existentes en tono a los agroquímicos” y, de acuerdo dijo, se coincidió en que si bien la normativa vigente en la materia puede modificarse para lograr una herramienta superadora, es totalmente aplicable.
“Los problema que existen son con la aplicación de la normativa y en ese sentido existe el compromiso por parte de Agricultura y los organismos nacionales de hacer una tarea coordinada para que se empiecen a implementar los registros y algunas cuestiones que tienen que ver con el mejor el manejo que se está dando y sobre los cuales hay quejas de los pobladores por el manejo de los agroquímicos. La idea es generar una red de controles y de registro que hasta la fecha no estaban fusionando o bien estaban funcionado de manera deficiente”, manifestó Murúa.
