La primera de las iniciativas, que tomó ese nombre en homenaje a Micaela García -la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay- establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías.
Ginocchio dijo que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales” y añadió que “debe impulsarse un cambio de cultura para una igualdad efectiva y real, sin violencia, asegurando a la mujer su participación en todas las esferas de vida, política, económica, social, laboral, familiar, donde pueda desarrollarse en todo su potencial”.
“En función de compromisos asumidos el Estado argentino debe adoptar medidas específicas y programas en el marco de nuestra ley fundamental, acciones positivas, para que las mujeres puedan ejercer el derecho a una vida sin violencia. El Estado tiene la responsabilidad de la seguridad de las mujeres, llevar adelante políticas públicas para fortalecer los mecanismos de prevención, y erradicar cultural y socialmente la violencia”.
“Como integrantes de la sociedad del siglo XXI es imprescindible que trabajemos en acciones concretas para corregir la discriminación, desigualdades y violencia: y debemos hacerlo, respetando la vida, sin caer en arbitrariedades y discriminación, asegurando la paz y el trato igualitario para todos.
Tanto Ginocchio como Saadi votaron a favor de la iniciativa, que tuvo sólo un voto en contra (del diputado Alfredo Olmedo).
Ley contra la violencia en el fútbol
También se sumaron a la aprobación en general de la Ley contra los barrabravas, pero Saadi estuvo entre quienes advirtieron sobre las falencias que presentaban algunos de sus artículos. Justamente es lo que provocó diferencias en el tratamiento en particular por lo que el proyecto volvió a Comisión.
“Algunos artículos lindan con lo absurdo”, dijo Saadi en su discurso y advirtió que “que este proyecto, por sí mismo, no es suficiente para erradicar la violencia en los espectáculos deportivos”.
“Hay que recordar que la primera legislación de seguridad deportiva es la ley 23.184, sancionada en 1985. ¿Cuál fue el eje de esa ley? La duplicación de las penas que estipulaba el Código Penal para aquellos delitos cometidos dentro de los estadios de fútbol. Pero el aumento punitivo siguió y continuó creciendo en las legislaciones posteriores, como la ley 24.192 de 1993 y el decreto 1.466 de 1997. La verdad es que ese aumento de las penas y la creación de nuevos delitos no solucionaron absolutamente en nada la violencia en los espectáculos deportivos”.
Saadi señaló que el proyecto “eleva las penas de un modo desproporcionado, e incluso llega a lo absurdo de tener mayor gravedad el que vende entradas sin autorización que el que intenta ingresar con armas a un espectáculo. Es un despropósito”.
El diputado reclamó que se trabaje en la prevención y en una policía especializada, “un plan de seguridad integral de los espectáculos deportivos” que no se sabe solamente en el aumento de las penas.
