El porcentaje de mejora salarial va en línea con el que, también la mayoría de los mandatarios, prevé proponer a los gremios docentes, aunque en el caso de los estatales negocian sin la presión temporal de las fechas del comienzo de clases.
La oferta de un porcentaje que está por debajo de las previsiones de inflación de los consultores privados, más allá de la meta oficial, tiene una explicación común a casi todas las provincias. Salvo San Luis, todas firmaron el pacto fiscal.
El acuerdo con el gobierno nacional, que fue ratificado por las legislaturas de todos los distritos salvo Jujuy, La Pampa, Santiago del Estero y Chubut, las obliga a recortar el gasto público y siembra incógnitas serias respecto de sus niveles de recaudación.
Entre los cambios previstos por el pacto, sobresale la eliminación progresiva del impuesto a los ingresos brutos, que representa más del 80 por ciento de la recaudación de las provincias.
Además, con las metas de recorte del gasto se ponen en juego parte de los recursos que la Nación reparte todos los meses entre las provincias. No cumplir con las reducciones acordadas los expone a perder, por ejemplo, las transferencias del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero).
Varias provincias, de hecho, ya dispusieron para este año el congelamiento de los salarios de los funcionarios políticos y otras medidas de recorte del gasto, como la prohibición de aumentar las plantas de personal del Estado.
Las negociaciones
En este contexto, la mayoría de las provincias, 16 en total, ya dejaron trascender que su oferta a los estatales no superará el 15 por ciento. En algunos casos será menor o incluso nula. En ninguna de ellas la negociación empezó todavía.
Como es habitual, los gobernadores esperarán a encaminar la puja con los docentes y garantizar el inicio de clases en el mejor de los casos, antes de encarar la discusión con los estatales.
Las más comprometidas son las provincias patagónicas. Santa Cruz arrastra una crisis que impide pensar en una oferta al menos aceptable para los gremios. Sirve como ejemplo lo que ocurrió el año pasado: el único gremio que consiguió un aumento financiado con fondos provinciales fue el de los judiciales, después de cinco días meses de paro. A los maestros, que sumaron 115 días de huelga, se les pagó con recursos de la Nación. El panorama no asoma mejor este año.
Tampoco hubo contactos todavía en Tierra del Fuego, igualmente acorralada por los números en rojo. El gobierno de Rosana Bertone ya avisó que difícilmente pueda ofrecer un aumento salarial este año.
En Catamarca, el gobierno provincial dialoga solo con el sector docente mientras que los estatales continúan a la espera de apertura de paritarias, lo que solicitaron en varias movilizaciones.
