Ingresó a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley a través del cual se establece la creación de dos Centros Provinciales de Rehabilitación, destinados a la atención depersonas con problemas de consumo de estupefacientes y psicotrópicos, en las regiones Este y Oeste. La iniciativa parlamentaria fue presentada por el diputado Genaro Armando Contreras
En el articulado del proyecto de ley se indica que se debe dotar a ambos de un Equipo Interdisciplinario Permanente para trabajar en políticas tendientes a la recuperación de las personas objeto de los mismos.
Serán objetivos de cada Centro de Rehabilitación de acuerdo a la iniciativa, la recuperación de la salud de cada uno de sus pacientes a los fines dedisminuir de manera gradual su adicción a las sustancias, procurando resguardar su autonomía y dignidad en el transcurso del proceso.
La autoridad de aplicación de la presente ley estará compuesta por el Ministerio de Salud, de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
“El consumo problemático de estupefacientes y psicotrópicos es una realidad latente e insoslayable en la provincia de Catamarca y a pesar dehaberse mejorado en muchos aspectos, desde mi lugar considero que existe un sector por el cual queda mucho para trabajar, el mismo es el que abarca a los niños, niñas y adolescentes”, afirma el legislador en la fundamentación del proyecto.
Advierte además que “si bien el Poder Ejecutivo hizo varios intentos deavanzar con acciones tendientes a contrarrestar este flagelo, ninguna logró consolidarse como un programa efectivo y con alcance en toda la provincia. Quienes hoy sufren de estas consecuencias nocivas, terminan internadas en centros de salud o en el mejor de los casos en el Centro Integral deSalud “Humaraya” lo cual, por la distancia y los elevados costos que deben afrontar las familias del interior de la provincia, impiden acceder a un tratamiento en igualdad de condiciones”, manifiesta Contreras.
Agrega además que “la alta tasa de adicción en jóvenes y adolescentes y la falta de centros especializados tanto públicos como privados, lleva a una cadena de problemas que terminan siendo de difícil solución para el Estado, debiendo ser este el principal garante de la protección de los derechos fundamentales de sus habitantes”.
