Tomó estado parlamentario hoy en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de autoría de Augusto Barros, quien luego de reuniones llevadas a cabo con el ministro de Educación, sectores de enseñanza confesional, profesionales de la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia y de la Dirección Provincial de Planes y Proyectos dependiente de la Secretaría de Seguridad, elaboró la presente iniciativa referida al establecimiento de un Protocolo de Actuación ante a presencia o presunto consumo y/o venta de sustancias ilícitas en o alrededor de los establecimientos educacionales.
En ese sentido mediante el articulado del proyecto de Ley se establece para todos los establecimientos de la Provincia que brinden el servicio público de educación, de todos los niveles, de gestión pública o privada, el Protocolo de Actuación ante la presencia o presunto consumo y/o venta de sustancias ilícitas en o alrededor de las escuelas.
Será autoridad de aplicación de la presente Ley, la Subsecretaria de Educación, o la que en el futuro la reemplace, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca.
Asimismo establece que la autoridad de aplicación, debe efectivizar cursos de capacitación, con profesionales y personal idóneos, dirigidos a autoridades educativas, docentes y no docentes a los fines de la correcta puesta en práctica del presente protocolo.
En el protocolo se describe lo siguiente:
1-Presencia de sustancias toxicas en las escuelas.
2- Presunción y/o detección de alumnos bajo los afectos de sustancias toxicas.
3- Sospeche de venta o posesión de sustancias ilegales en la escuela.
4- Presunción de ventas de sustancias ilegales fuera de la escuela.
5- Disposiciones comunes.
Para detallar algunos de los puntos establecidos en el Protocolo, dentro del punto 1 se menciona entre otras cuestiones lo siguiente: La persona (docente o no docente) que hallare algún tipo de sustancia que presupone sea tóxica, deberá permanecer en el lugar sin tocar ningún elemento, convocando inmediatamente a dos testigos mayores docentes o no docentes perteneciente al establecimiento educacional.
Posteriormente, uno de los testigos deberá dirigirse en forma inmediata a la autoridad máxima presente en la institución (Director, Vicedirector, Secretario) quien inmediatamente pondrá en conocimiento de la situación a la Subsecretaría de Educación.
Así mismo, cumplido el recaudo establecido en 2., la autoridad del establecimiento debe comunicarse con la Dirección de “Drogas Peligrosas” dependiente de la Policía de la Provincia de Catamarca.
En caso que la situación se presentara en el interior de la provincia, el directivo deberá comunicarse con el GAUR (Grupo Antidroga Unidad Regional).
Se dejará constancia de lo sucedido por medio de un acta detallando el accionar de todo el procedimiento efectuado, incluyendo las conclusiones arribadas por las fuerzas de seguridad. La misma reflejará la participación de los diferentes actores involucrados por medio de sus firmas en dicho documento.
La institución educativa elevará el acta en forma personal y reservada (en sobre cerrado) al Ministro de Educación Ciencia y Tecnología de la Provincia, conjuntamente con un informe sucinto sin nombres de participantes El Ministerio evaluará la necesidad de difusión del mismo.
Conforme al informe producido por las fuerzas de seguridad actuantes, se diseñarán las acciones preventivas que pudieran corresponder con la participación de las instituciones que resulten necesarias.
En todos los casos y ante la posibilidad de la inminencia de la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se comunicará a la Subsecretaría de la Familia (autoridad de aplicación de la Ley 5357 “Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Catamarca.
En los fundamentos el diputado Augusto Barros expresa: “Este protocolo no significa en modo alguno responsabilizar a los niños, niñas y adolescentes del flagelo de la drogas, su consumo o venta, debe quedar claro que son víctimas más que indefensos del accionar perverso, insensible e inhumano de los que parte de sus dividendos los obtienen aprovechando la fragilidad, inexperiencia y la falta de conciencia de los males psicofísicos que acarrean los estupefacientes”.
“Ahora bien, no dudo que la tarea debe ser conjunta e integral de los distintos ámbitos gubernamentales, pero siempre dentro de las competencias de cada uno de ellos. El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación que nuclea a todos los docentes no solo preocupados sino ocupados de la situación, la Subsecretaría de la Familia interviniendo y diseñando las estrategias de contención y restitución de los derechos vulnerados, conforme a las obligaciones y facultades otorgadas por la Ley 5357, en articulación con las autoridades educativas y la Subsecretaría de Salud Mental y la fuerza de seguridad competente en la tarea específica de detección, investigación y prevención”, asegura.
Asimismo el diputado afirma que “el protocolo que se ofrece, en modo alguno pretende ser la solución del problema, toda vez que nos enfrentamos a la consecuencia de un problema que significa tener que profundizar el desafío de intervenir en cada caso en particular para desentrañar y tratar de modificar la realidad causal de cada circunstancia”.
