En la resolución, la jueza planteó la negativa a que la empresa de Capdevila devuelva al Estado los casi 257 millones de pesos que costaría construir un estadio nuevo porque "resulta a todas luces incierto e improcedente".
Entre los fundamentos, mencionó la presentación de la empresa donde señala que el Estado provincial pretende tres montos de créditos diferentes basados en un cálculo unilateral. Que no se sabe si es la construcción de un nuevo estadio por la ruina total, la reparación por ruina parcial o un monto por daños y perjuicios.
Además, la magistrada consideró que toda la documentación aportada "no puede asegurar la necesidad imperiosa de la construcción de un nuevo estadio".
Sin embargo, la Justicia le reconoció al Estado créditos por casi 44 millones de pesos al considerar que esa cifra solicitada "tiene estrecha vinculación y correlación con el concepto de reparación por daños reclamado civilmente".
Esa cifra había solicitado Fiscalía de Estado como alternativa en caso que la Justicia considere que los 257 millones no corresponden.
Cabe remarcar que la presentación realizada ante la Justicia por el Estado se basó en un presupuesto calculado por el Ministerio de Obras Públicas.
