La nota de “Las Eulalias” dirigida al diputado provincial Francisco Monti es la siguiente:
Señor diputado provincial Francisco Monti
S/D:
Somos un grupo de comunicadoras institucionales y periodistas comprometidas con el acceso a la información y la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Entendemos que el miércoles de la semana pasada presentó en la legislatura provincial un proyecto de resolución mediante el cual insta a los senadores nacionales a modificar o rechazar el proyecto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación el 14 de junio, luego de un extenso debate que reunió a profesionales con un prestigio incuestionable y una amplia trayectoria respecto a la defensa de los derechos de las mujeres.
Usted, cuestiona que el artículo 23 del mencionado proyecto, establece que las disposiciones de la ley “son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina” e interpreta que esta letra tendría un sesgo de “imposición” ya que no se les consultaría las capacidades presupuestarias a las provincias. Señala en este contexto que Catamarca no delegó en la Nación el poder de legislar en materia de salud pública y menciona que esto implicaría una suerte de anarquía en materia de competencias, afectando el federalismo. Además, relaciona que, a su entender, se obligaría a la provincia a ir en contra de su propia Constitución que reconoce el derecho a la vida desde la concepción.
No comprendemos muy bien cuál es el objetivo de su planteo. Es que el tema del federalismo, ya es un punto del que los senadores representantes están al tanto, porque, desde el debate en diputados, se puso en discusión. Sin ir muy lejos, podemos citar lo que Aida Kemelmajer, reconocida jurista en foros nacionales e internaciones, resaltó la semana pasada durante su ponencia: “El proyecto no viola el federalismo. No es bueno que el federalismo se recuerde solo para restringir los derechos de las personas (la negrita nos pertenece). Además de la cuestión penal, que no se puede dudar de que sea Federal, es un tema de salud pública, que compromete derechos humanos y por lo tanto, la República Argentina debe responder internacionalmente cuando los viola. Nuestro país fue denunciado al Comité Internacional de Derechos Humanos porque a través de un sistema de salud provincial, un médico provocó la muerte de una mujer embarazada a quién le negó medicamentos que afectarían al feto”, dijo entre otros análisis que los senadores de nuestra provincia escucharon atentamente.
Por otra parte, en su intento por apuntalar sus argumentos y como ejemplo de esta supuesta invasión al federalismo, menciona al fallo F.A.L. reivindicando al instrumento. En su texto, transcribe muy bien que los jueces de la Corte Suprema exhortaron “a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas, protocolos hospitalarios que garanticen la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas de acceso a servicios médicos”. En este contexto, no podemos dejar de señalarle que olvidó mencionar que en el año 2015 el Ministerio de Salud de la Nación (instado por el mismo fallo) elaboró finalmente el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y le dio, a pesar de lo que usted ahora intenta sugerir, el carácter de aplicación obligatoria en todo el país.
En cuanto a su preocupación por el gasto que supuestamente le implicaría a la provincia, podemos ayudarlo y aconsejarle que sume las estadísticas que manejan en la Maternidad 25 de Mayo. En este nosocomio, que contabiliza casos desde 2014, ingresan un promedio de 600 mujeres en situación de aborto por año. De ellas, un 5 por ciento son internadas en terapia intensiva. Siete murieron en el mismo lapso. Los costos promedio de atención, rondan los 15 mil pesos. Por lo tanto, la provincia ya “gasta”, según su escala de valores, en la atención sanitaria de mujeres que llegan por estas causas. En nuestra escala, nosotras comprendemos que invierte en salvar vidas.
Como plus, podemos recordarle que existen otras leyes en materia de salud pública que hablan de obligatoriedad, como la de vacunación, en donde por faltantes, sobre todo desde que dirige el país el partido que usted representa, es la provincia la que debe responsabilizarse reponiendo dosis indispensables desde sus arcas.
Señor Monti, entendemos que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embazo, no sólo es una deuda de la democracia en cuanto derechos de las mujeres, sino que con su aplicación y, tal como está redactado, se salvarán vidas humanas. Confundir a la opinión pública o redundar e intentar interceder en cuestiones que ya se debaten y además tienen representantes catamarqueños informados, nos parece innecesario.
Es por esto, que por su función y competencia, y si es que realmente está interesado en esta problemática, lo comprometemos a arbitrar los medios necesarios para garantizar el acceso a la educación sexual integral (ESI) en todas las escuelas de la provincia y además, a interceder para garantizar los insumos del programa de salud sexual y reproductiva, que están faltando, para que las mujeres catamarqueñas no deban atravesar situaciones de aborto clandestinos.
Atentamente
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