En la ocasión se hizo entrega del proyecto de Declaración de Interés Parlamentario de las actividades que se realizan cada año en la Capilla del Rosario, por el fusilamiento de 14 combatientes de la Compañía del Monte “Ramón Rosa Jiménez”.
El documento, propuesto por los diputados provinciales Adriana Díaz (PI) y Daniel Lavatelli (FPV), fue entregado en las manos de Noemí Toledo, presidente de la Casa de la Memoria y al director de Derechos Humanos de la provincia, Hernán Velárdez Vaca, frente a un importante número de militantes, amigos y familiares de los ex combatientes, quienes cada año visitan en se reúnen en la zona, en conmemoración a los caídos.
Luego de la emotiva entrega, algunos de los presentes, familiares y representantes de organizaciones políticas y sociales, algunos de los cuales viajaron desde diferentes provincias, hablaron en el homenaje.
En representación de la Asociación Nacional de Ex presos políticos lo hizo Aníbal de la Vega. También recordó la masacre de sus compañeros, uno de los sobrevivientes; José “Pepino” Sosa.
El proyecto de “Interés Parlamentario”
El 12 de agosto de 1974 en la “Quebrada de los Walther”, cerca de la Capilla del Rosario, fueron fusilados 14 combatientes de la Compañía del Monte “Ramón Rosa Jiménez” del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Formaban parte de un grupo que intentó copar el Regimiento Aerotransportado 17, pero fueron sorprendidos por la policía. Una parte de los militantes fueron detenidos, otros se dieron a la fuga y el grupo que fue cercado en Capilla del Rosario fue ejecutado por las fuerzas del Ejército luego de deponer las armas.
La masacre ocurrida al oeste de la ruta provincial Nº 1 y a unos 15 kilómetros de la capital provincial, se produjo un par de años antes de la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Fue en pleno gobierno constitucional, que tenía en la provincia a Hugo Mott como gobernador y en la Nación a Isabel Martínez de Perón como presidenta. Eran tiempos de la aterradora “Triple A” (Alianza Argentina Anticomunista) que comandaba José López Rega, una sombra temible encaramada en las espaldas de la primera magistratura.
El hecho de los fusilamientos y las torturas a los detenidos fue denunciado ante la Justicia Federal en agosto de 1974 por familiares de los guerrilleros y los abogados Mario Marca, Ricardo Rípodas, Mario Marcolli, Mardonio Díaz Martínez, Silvio Frondizi y Alfredo Curuchet. Marca, Rípodas, Marcolli y Díaz Martínez, posteriormente serían detenidos, permaneciendo en prisión hasta 1984. Frondizi y Curuchet fueron asesinados por la banda paramilitar “La Triple A”.
La denuncia fue archivada en el contexto de la represión en el inicio del Terrorismo de Estado, pero sí fueron juzgados y condenados por el fuero federal trece guerrilleros capturados en las inmediaciones de Capilla del Rosario, en un proceso judicial, que como todos los llevados a cabo durante la dictadura militar, vulneró el derecho de defensa en juicio: sólo se les hizo saber que habían sido condenados.
En diciembre de 2004, con la denuncia de Mirta de Clérici, Ana Radusky y Jorge Alberto Perea en representación de los organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda (militantes de HIJOS) y Guillermo Díaz Martínez (por ese año a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados catamarqueño e hijo de Mardonio Díaz Martínez), comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la “Masacre de Capilla del Rosario” y para identificar los cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en el cementerio municipal.
La reactivación de la causa no hizo más que corroborar las denuncias. Las heridas que presentaban los guerrilleros fallecidos evidenciaban que habían sido masacrados. El ex conscripto Fernando Gambarella claramente expuso como testigo en el juicio que los guerrilleros fueron acribillados a balazos luego de rendirse, cuando no tenían posibilidad alguna de defensa.
Fue una ejecución contra guerrilla desarmada, ordenada por el segundo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, general Antonio Vaquero. Las autopsias y testimonios acreditan que 14 guerrilleros “fueron acorralados y asesinados salvajemente, luego de rendirse ante la superioridad numérica de las fuerzas policiales y militares”.
El Tribunal del Juzgado Oral Federal, integrado por los jueces Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, mediante sentencia del 8 de octubre de 2.013 condenó a prisión perpetua por el fusilamiento del 12 de agosto de 1974 de 14 integrantes del PRT-ERP, a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, por los delitos de “homicidio calificado, agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas en 14 hechos”.
