Organizado por Eulalias, Comunicadoras Feministas y Abogadas por el Derecho a Decidir, ayer, en el auditórium del Hotel Ancasti, se realizó el segundo Conversatorio HastaQueSeaLey.
Esta vez, bajo el título “Proyecto IVE: Análisis jurídico para que sea Ley”, expusieron cinco abogadas del medio. Las profesionales habían invitado formalmente a la senadora Inés Blas a participar para poder intercambiar con ella el entendimiento del proyecto sobre Interrupción voluntaria del embarazo, pero la legisladora no aceptó.
La disertación inició con la abogada Ana Clara Barros, quien expuso sobre “El aborto sin límites y la objeción de conciencia”. La profesional señaló: “Me gustaría aclara antes que hay una realidad que no se puede seguir ocultando, que es que los abortos existen y las cuestiones que se están generando alrededor solo tratan de invisibilizar esta situación. No hay que perder nunca de vista que el IVE salva la vida de las mujeres, particularmente de las mujeres que no tienen los recursos para poder afrontar una intervención en una clínica privada”.
“Con respecto a lo que dice la senadora Blas, la IVE no propone un aborto sin límite. Legaliza parcialmente el aborto. Establece las 14 semanas, no es que una mujer con 8 meses va a poder abortar. La IVE penaliza a la mujer que lo hace después de la semana 14. Además, despenalización no es lo mismo que legalización. Legalización es brindarle un ámbito donde va a poder ejercer libremente sus derechos”, planteó la letrada.
A su turno, la abogada Carolina Ale, habló sobre “La idea de salubridad y su relación con el aborto”. “Creo que es necesario hacer una aclaración de terminología previa. No podemos permitir que se haga una diferenciación entre pro y contra la vida. El objetivo de la Ley es salud pública. Los que estamos aportando no estamos en contra de la vida o a favor de la muerte porque esto no es así, el IVE es un proyecto a favor de la vida. La terminología es a propósito, proviene del patriarcado”, dijo.
“Dicen que la IVE lo que regula es el derecho de la mujer a elegir y no es así. La decisión de la mujer de abortar ya fue tomada. No estamos tratando de reglamentar su decisión. Lo que se trata es que esa mujer lo haga con salubridad. No es una discusión ética, moral, es una cuestión de salud pública. No permitamos otro tipo de discusión. Nosotras buscamos cuidar a la mujer cuando ya tomó su decisión de abortar. Y esa decisión es íntima, el Estado no puede meterse”, señaló.
María Carrizo, como abogada feminista que milita la IVE desde 2005, se emocionó en medio de su discurso. “Como abogadas comenzamos a ver esto cuando las compañeras nos buscaban porque querían abortar y no querían ir presas. Esa fue la primera cuestión que nos ha tocado a nosotras como trabajadoras del derecho. Sabíamos que se iba a dar esta situación y debate en algún momento y que muchos, como hoy, le quieren hacer decir a la Constitución, lo que no dice”, apuntó.
“Nuestra Constitución y tratados permiten que el Estado y a sus vez las provincias puedan legislar sobre la despenalización y legalización del aborto. Yo no voy a hacer acá ninguna post verdad constitucional como quieren hacer abogados y abogadas que están en contra de esta posición, sino que lo único que voy a decir es que desde 1994, la Constitución nunca se refirió al aborto. Si lo hicieron los tratados de derechos humanos. Desde Belem do Para tenemos 14 informes, recomendaciones para que de la Argentina legalice la practica porque se nos están muriendo mujeres”, concluyó.
La abogada Patricia Valdez también se refirió a la Constitución. “La idea era comunicarnos con la senadora Blas y refutar sus fundamentos que consideramos errados. Ella sostiene que se viola la Constitución. Estamos en desacuerdo con esa interpretación que ella hace, a partir del año 1994 se incorporaron a nuestro país con jerarquía constitucional, y por lo tanto nuestra Constitución no está por encima de esos tratados de derechos humanos. Son superiores a la Constitución de la provincia, con lo cual sostenemos que no se está violando el federalismo ni el derecho público provincial”, explicó.
“Los órganos que los interpretan han aconsejaron a nuestro país la despenalización para garantizar el pleno goce de nuestros derechos, pero esto fue desoído sistemáticamente por nuestros legisladores”, manifestó al exponer que “queremos que la senadora entienda que todavía hay muchas voces que aún no puede expresarse libremente por miedo, o porque están sometidas por la iglesia o porque están en un contexto de patriarcado”.
Por último, la abogada Silvia Carrizo, habló sobre “control de constitucionalidad”. Al respecto, señaló: “El artículo 31 de la Constitución Nacional habla sobre supremacía constitucional. Es lo máximo dentro de la escala jerárquica de normas. En 1994 esta escala fue ampliada, desde ese momento se habló de bloque de constitucionalidad al hablar de la constitución y los 14 tratados incorporados. El control de constitucionalidad es el medio para hacer valer el principio de supremacía constitucionalidad y jerarquización de las normas. Nuestro derecho adoptó un sistema de control de constitucionalidad. Entonces si hay una ley que contradiga algún precepto de la constitución debe dejarse de aplicar por anticonstitucional”.
“Los detractores de la ley, quieren hacerle decir lo que no dice. Parten de una premisa que no existe. Nuestra Constitución no contempla en un artículo el derecho a la vida. Contempla el derecho a la vida dentro del artículo genérico que es el 33, que es un reconocimiento genérico que hace a todos aquellos derechos que no han sido contemplados en todos los artículos. Protege la vida y es real, todos estamos a favor de eso, pero para llegar a ese errado concepto yo creo que los detractores no han leído o no han querido leer los fallos jurisprudenciales internacionales”, señaló.
Tras explayarse en los diferentes fallos, cito al de la Convención Interamericana que explica el alcance del artículo 4.1, que habla sobre la protección de la vida. “Dijo que el embrión no es considerado persona y por ende no tiene la protección. Recién cuando el embrión se estableció dentro del sistema circulatorio de la mujer, merecía una protección, pero esta protección era gradual, y por lo tanto que no era absoluta. Es por todo esto que el proyecto IVE no es anticonstitucional”, concluyó.
