No está cerrada la posibilidad de que Rubén Marti, el apoderado del Colegio de la Quintana, sea designado en la Dirección de Educación de Gestión Privada y Municipal. Por eso está instalada la duda: podría ser funcionario alguien que se opone a la legalización del aborto y a la implementación de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas?
Devoto fiel, Rubén Martí, el representante legal de Colegio Padre Ramón de la Quintana, ha decidido involucrarse de lleno en la lucha contra la legalización del aborto y de la implementación de la educación sexual en las escuelas secundarias.
A puesto la cara en los medios de comunicación y en su sitio de facebook, oportunamente, convocó a no votar por los “aborteros”, en referencia a los legisladores que estaban a favor del proyecto de ley.
Tanto protagonismo le trajo aparejado el repudio de la Cámara de Diputados de la Provincia, repudio que Martí respondió por sus redes sociales con duros términos hacia los diputados Adriana Díaz y Maximiliano Rivera. Lejos esta Marti de reunir el perfil de alguien que merezca ser funcionario en un área tan sensible.
Sin embargo, a las autoridades del Gobierno provincial no pareció importarles el fanatismo religioso de Marti como para designarlo en la Dirección de Educación de Gestión Privada y Municipal.
La posición que sostiene Marti, la eclesiástica, merece respetarse, pero también la que sostienen científicos y miles de ciudadanos y ciudadanas que levantan su voz por las mujeres que mueren a consecuencia de abortos clandestinos y de cientos de miles de embarazos adolescentes; de los cuales la Iglesia, y Marti claro, se lavan las manos olímpicamente.
Pero además, la posible designación de Marti en Educación abre otro flanco al Gobierno provincial. Es que lo que defiende Marti se opone frontalmente a la posición que sostiene el gobierno nacional; el propio presidente Fernández dijo en su asunción que se pondrá al frente de la lucha de la causa de las mujeres.
La posible designación de Marti sería una promesa que recibió la Iglesia Católica local de las actuales autoridades provinciales. Pero esa designación es a todas luces un retroceso, institucionalizar la posición que defiende un credo religioso, y por ende el apoderado del Colegio de la Quintana, atrasa el debate público.
A nadie sensato se le podría ocurrir convertir en funcionario de Educación a un religioso Protestante, Evangelista o Testigo de Jehová, que se sabe se oponen a las transfusiones de sangre a sus fieles, los que luego mueren a consecuencia de esas prohibiciones a someterse a esas prácticas médicas.
Es lo mismo a lo que se opone Marti por una cuestión religiosa, que mujeres puedan salvar sus vidas sometiéndose en forma voluntaria y segura a determinadas prácticas médicas.
