Serán juzgados el ex ministro de Salud, Pablo Doro; el ex subsecretario de Acción Social, Víctor Brandán; el ex encargado de depósitos, Omar Guillermo Martínez; y la ex encargada del Servicio de Contaduría, Carlina Argentina Zurita.
El juicio por la causa “compras directas” comenzará el próximo martes 25 de junio. Cabe recordar que hay una quinta imputada que falleció hace dos meses.
El tribunal estaría integrado por los jueces Marcelo Soria, Juan Rosello, Rodolfo Bustamante y el fiscal Ezequiel Walter.
La causa
Brandán se desempeñó como subsecretario del área de Acción social, durante el año 2003, sobre el final del mandato de Oscar Castillo como gobernador. Su gestión duró nueve meses, y más de la tercera parte de las compras directas se registraron en el último mes.
Durante ese periodo, Brandán ordenó compras directas, es decir, sin llamado a licitación, por una suma de dinero que rondarían los 27 millones de pesos. Las adquisiciones nunca fueron detalladas y muchos de esos millones fueron derrochados en los mismos productos, que incluían alimentos de la canasta básica, hasta juegos de ingenio.
Una auditoría del Tribunal de Cuentas confirmó la existencia de tales irregularidades. De acuerdo con la investigación, los gastos coincidieron con la campaña electoral del Frente Cívico y Social, pero el destino primero del presupuesto era la asistencia social a cientos de catamarqueños que por aquellos años atravesaban una crisis económica.
Las millonarias compras se entablaron con unas pocas empresas que se sumaron a la nómina de proveedores estatales durante su gestión. Y fue a través del decreto 1.544, firmado por el ex gobernador Oscar Castillo, que tales adquisiciones fueron autorizadas. Según establecía tal disposición, se elevaba a 350 mil pesos el monto para realizar compras directas.
Luego de pasar por Acción Social, Brandán asumió como diputado provincial entre el periodo 2003-2007, y pese a que el entonces juez de Control de Garantías, Jorge Rolando Palacios, solicitó el desafuero de Brandán ante la Cámara de Diputados, sus pares del FCS lo protegieron de la acción judicial.
