Esta medida alcanza a los tres Poderes del Estado, así como también en un plazo de seis meses remover los que ya estuvieran colocados.
La legisladora aclaró que no está en contra de la Iglesia Católica ni del derecho de todo ser humano a profesar un culto si así lo desea, sino que la iniciativa intentar separar el rol del Estado de una sola religión. "No puede haber favoritismo por una religión en particular", apuntó.
Lo que pretende con este proyecto es garantizar el principio de laicidad del Estado, y el efectivo cumplimiento de los de libertad de culto y de conciencia consagrados en la Constitución Nacional y Constitución Provincial.
En el texto del proyecto, manifiesta que "en toda la República Argentina hay una tradición cultural impuesta, y no en términos amorosos, respecto de un culto religioso en particular".
