En su dictamen, el fiscal de Cámara, Rafael Velhis Ruiz, consideró que Guaraz no había incurrido en delito alguno, por lo que solicitó el sobreseimiento.
A Guaraz le habían iniciado una denuncia por parte de Fiscalía de Estado, a cargo de Marcos Denett, acusándolo de interrumpir el acceso al departamento Santa Rosa de camioneros y vehículos exceptuados en el DNU presidencial que establece el inicio del aislamiento social obligatorio en el marco de la pandemia COVID-19.
En ese contexto, el fiscal Federal ratificó la competencia del Juzgado Federal, pero le dio la derecha a Guaraz al considerar que no existía delito, ya que los intendentes son delegados del gobierno nacional.
Esto está establecido en el artículo 10 del DNU 297/20 donde señala que las provincias y los municipios dictarán medidas necesarias para hacer cumplir el decreto nacional.
Cabe remarcar que el intendente tiene otra causa iniciada por la Fiscalía de Estado, desde donde se lo acusó de intimidación pública por publicaciones en Facebook en las que Guaraz cuestionó las decisiones del Gobierno de permitir el transporte de vehículos.
