Los ex funcionarios enviados a juicio son: Ricardo Martínez, quien se desempeñaba como director de Personal; Juan Carlos Fernández, ex capataz de Obras Públicas (ambos actualmente empleados del municipio); Luis Vargas, ex director de Salud y Acción Social, actualmente empleado del Concejo Deliberante de Valle Viejo; y Juan Carlos Barrionuevo, ex director de Obras Públicas.
Todos están acusados penalmente y enviados a juicio como coautores punibles del delito de peculado de servicios (previsto y penado por los arts. 261, segundo párrafo y 45 del Código Penal) en perjuicio de esta Municipalidad de Valle Viejo, según surge del Auto Interlocutorio N° 11/2019 dictado por el Juzgado de Control de Garantías de Tercera Nominación el cual se encuentra firme por resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
Los hechos ocurrieron entre los meses de junio de 2010 y noviembre de 2011, cuando los acusados, mientras se desempeñaban como funcionarios, construyeron obras particulares considerables en propiedades particulares y en su provecho personal utilizando materiales de la Municipalidad de Valle Viejo y mano de obra a cargo de empleados municipales en horario de trabajo.
La causa penal, en la cual el municipio de Valle Viejo es parte querellante, se inició en el año 2012 por denuncia judicial de la ex intendenta Natalia Soria, y la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Delitos Contra la Administración Pública.
El 19 de febrero de 2019 el Juzgado de Control de Garantías N° 3 (a cargo del Juez Porfirio Acuña), haciendo lugar al requerimiento de la Fiscalía, dicta el envío a juicio de los cuatro acusados, lo cual es confirmado a finales del año pasado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, quedando así firme la remisión a juicio de los ex funcionarios “gallistas”.
La firmeza procesal del envío a juicio de Martínez, Vargas, Fernández, y Barrionuevo fue notificada a la Fiscalía Municipal (ya que el municipio es querellante en la causa) por la Justicia Penal con fecha 18 de febrero de 2020.
En efecto, el Código Penal establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
En virtud de ello, la intendenta, en lo que respecta a los acusados empleados del departamento Ejecutivo (Fernández y Martínez) ya dispuso el inicio del pertinente sumario disciplinario y el apartamiento provisorio de los mismos conforme lo establecido por el Estatuto del Empleado Municipal de Valle Viejo.
En lo que respecta a Vargas, al ser este empleado del Concejo Deliberante, su suspensión debe efectuarla dicho órgano conforme lo dispuesto por el art. 139 de la Carta Orgánica de Valle Viejo.
